La directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla, junto a la eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, ha entregado hoy a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, un escrito para denunciar la vulneración de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento y Mercasa, cobra a este gremio por aspectos como la facturación o el transporte y manipulación del género.

El abogado del gremio, José Rodríguez Fajó, informó a Europa Press de que la delegación enviada a Bruselas (Bélgica) por la organización de mayoristas de pescado ha sido recibida hoy por la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a quien se le ha entregado el mencionado escrito. Según la información recabada por los miembros de la delegación, una vez que el asunto supere la fase de admisión a trámite, el próximo otoño el colectivo de empresarios tendría la "posibilidad" de exponer "personalmente" el asunto en la propia Comisión de Peticiones. "Estamos contentos", dijo en cuanto al resultado del encuentro.

La eurodiputada del PP, de su lado, respaldó las reclamaciones de este gremio y anunció que su formación luchará "para ayudar a resolver este clamoroso acto de falta de competencia y libertad", en alusión al conflicto que rodea a los gravámenes de Mercasevilla al comercio de pescado.

En el escrito entregado a Mazzoni, se advierte de que la sociedad mixta, y el Ayuntamiento como accionista mayoritario, "violan" cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al mantener el cobro que se aplica a este gremio por aspectos como la facturación o el "arrastre" del género.

Repercusiones en el consumidor

Estas cuatro normas son el principio de libertad de empresa, "totalmente cercenado" en este caso, y los principios de igualdad, no discriminación y de protección de los consumidores, pues el "abusivo" cobro de estos conceptos "intervencionistas" en el comercio de pescado, "repercute finalmente sobre el consumidor". "Hay una violación consciente y premeditada de estos derechos", insistió Rodríguez Fajó, quien recordó que tales gravámenes fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional (AN).

Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional.