El juicio se celebrará el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número de 3 de Santander, y se centrará en la concesión, entre los años 2003 y 2004, de un total de 18 licencias a otras tantas urbanizaciones de viviendas.

En todas ellas, según señala el Ministerio Fiscal, lo hizo con conocimiento de que las concesiones vulneraban la normativa urbanística, al basarse en interpretaciones contrarias al ordenamiento y contar además con las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

En todos los expedientes, que afectan a un total de 290 viviendas en distintos puntos del municipio, dio licencias para terrenos que consideró urbanos, pero que no lo eran según la normativa urbanística y su interpretación por la justicia, que, de hecho, había anulado licencias otorgadas en las mismas condiciones que estas, tal y como relata la Fiscalía.

La acusación particular va más allá y asevera que Pacheco era "plenamente consciente de la ilegalidad de su actuación", argumentado que esta se produjo después de que varias resoluciones tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como del Tribunal Supremo hubieran declarado ilegales y, en consecuencia, anulado, distintas resoluciones de Alcaldía para licencias de 80 viviendas que deberán ser demolidas.

Esta parte del proceso remarca que estas resoluciones judiciales "eran perfectamente conocidas" por el alcalde, al afectar a licencias concedidas por él, y además, incide en que se hace referencia a ellas en distintos informes de servicios técnicos municipales que llaman la atención sobre la "similitud de situaciones".

"Todas las licencias concedidas por el acusado lo fueron a sabiendas de su ilegalidad, al margen absolutamente de las disposiciones legales y, en definitiva, constituyendo su voluntad como única fuente inspiradora de su actuación", acusan.

Tanto la acusación particular como el Ministerio Público consideran que estos hechos suponen un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y por ello piden contra Jesús Ángel Pacheco dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, a los que la Fiscalía añade una multa de 172.800 euros.

Frente a esto, el alcalde de Piélagos se declara inocente y reclama la libre absolución. Pacheco sostiene en su escrito de defensa que las licencias se concedieron sobre solares a los que el PGOU calificaba como suelo urbano, "contando con todos los servicios y de conformidad con los informes técnicos", y para tratar de probarlo recurrirá a peritos y una lista de testigos que alcanza los 25.