La Fiscalía pide que los tres acusados pierdan además el derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años. Asimismo, deberán indemnizar a la Hacienda Pública con 260.645 euros, con los intereses de demora.

Según la calificación del fiscal, los acusados desempeñaron entre 2002 y 2007 los cargos de presidente, secretario y consejero de la inmobiliaria. El primero presentó en julio de 2006 la declaración del Impuesto de Sociedades de la empresa correspondiente al ejercicio de 2005.

Sin embargo, de acuerdo al Ministerio Público, la empresa fijaba un precio en la escritura pública pero exigía uno superior a los compradores, que omitía en la contabilización de las ventas. Se calcula que, en total, la cuota no ingresada asciende a 260.645 euros. Se les imputa un delito contra la Hacienda Pública.