El Ministerio Fiscal ha decidido mantener las penas de 16 años de prisión para los cinco directivos y empleados de FCC acusados por delitos de estafa y apropiación indebida en el caso de la empresa mixta del agua de Torrelavega, Aguator, pese a que los delitos por los que se les juzga son menores respecto a los que se plantearon al inicio del juicio, aunque sí que, teniendo en cuenta esta circunstancia, ha reducido en hasta 16 veces la petición de indemnización, hasta los 36.144 euros.

La vista que desde el pasado 17 de mayo se sigue en la Audiencia Provincial de Cantabria afronta esta semana su recta final, tras haber escuchado a los acusados, los testigos y, en la sesión de hoy, los peritos, así como las pruebas y las conclusiones de las partes.

Aguator es la empresa que se encarga del servicio de agua en la ciudad de Torrelavega. Es de carácter mixto, con presencia del Ayuntamiento, al 49%, pero el socio mayoritario es Sogesur, sociedad que pasó a manos del Grupo FCC.

En este juicio, la Sección Primera de la Audiencia deberá decidir si los acusados, cuatro directivos y un empleado del socio privado o directamente de FCC, fueron responsables de la manipulación de los partes de trabajo y los contadores de agua, junto a la negativa de la empresa privada a entregar documentación sobre Aguator a sus socios, el Ayuntamiento de Torrelavega.

En principio, la vista abarcaba más acusaciones, referidas a cuestiones como el desvío del carbón activo, o diversas facturaciones de Aguator a la empresa Tedesa, una contrata habitual del grupo que también pertenecía al FCC, es decir, al mismo grupo que el socio privado Sogesur.

La reducción en los delitos se debió a cuestiones formales, ya que no quedaron recogidas en el auto judicial previo a la celebración de la vista, y al inicio de la misma en la Audiencia Provincial se tuvo esto en cuenta, limitando las causas objeto de la sesiones.

Pese a este cambio, la fiscal ha mantenido su petición de penas inicial, que es de cuatro años de prisión para el primer gerente de Aguator, Antonio García San Emeterio; su sucesor, Alberto Andérez; el responsable de zona Norte de FCC, Fernando de la Torre; y el responsable de zona de FCC, Santiago Lafuente; todos acusados de un delito continuado de estafa en concurso con uno continuada de falsedad y otro societario.

Al quinto acusado, Jesús Esparza, encargado de gestión de clientes de Aguator, se le acusa de un delito societario, que también se pide para Andérez. Para Esparza se reclaman penas de 3.000 euros y para Andérez, de 6.000 euros.

En lo que sí ha tenido efectos la limitación de los hechos objeto de juicio es en la responsabilidad civil. Al eliminarse presuntos delitos que suponían costes económicos (como el carbón activo o el coste del material), la indemnización baja desde los más de 600.000 euros que se pedían inicialmente a los 36.144 euros en que se quedan ahora.

La acusación particular, que ejercer el Ayuntamiento de Torrelavega, ha suprimido todo lo relacionado con la denuncia falsa, y mantenido el resto de peticiones, con penas de hasta 36 años de prisión, multas por valor superior a 60.000 euros e indemnizaciones que ascienden a 772.287 euros.

Las defensas de los acusados han recordado que deben eliminarse las alusiones a los hechos que finalmente se han suprimido de la causa. Y además reclaman que se anulen la documentación de Aguator que haya sido robada a la empresa, las fotocopias que no se hayan cotejado con un original o los papeles cuyos autores no hayan reconocido.

En el origen del proceso de Aguator, se encuentran las denuncias de CC.OO. e Izquierda Unida de Torrelavega, quien en su día aseguró que recibió documentación de forma anónima, como partes o facturas, mediante los cuales tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades en la empresa del agua de Torrelavega.¿

Manipulación en los caudalímetros?

En esta sesión del juicio, durante aproximadamente cinco horas declararon los peritos de las distintas partes, que trataron de discernir si los dispositivos que medían el caudal del agua fueron alterados de forma humana e intencionada, como han asegurado algunos de los testigos en el juicio, que sostuvieron que la dirección del Grupo FCC intentó aparentar pérdidas para pagar menos al Ayuntamiento por el canon anual.

El perito propuesto por la defensa dijo que "no se tenía impresión de que hubiera manipulación fraudulenta de nada", y explicó que las mediciones de sus compañeros, con quienes mostró, en su presencia, sus discrepancias, podían verse afectadas por factores como las fluctuaciones o el desnivel.

"Claro que no, obviamente", sentenció este ingeniero cuando fue preguntado si hubo alguna manipulación en los medidores.

Por su parte, el perito propuesto por la Fiscalía recordó que en su día hubo un "incremento inexplicable" en los caudales, atendiendo a lo que reflejaban los dispositivos medidores, y que habían seguido en el tiempo a mediciones que eran inferiores al caudal real.

Este experto aseveró que se habían cambiado varias de las configuraciones del aparato, en unas modificaciones que tuvieron efectos sobre las mediciones y que no tuvieron su origen en averías en el dispositivo.

Es decir, hubo manipulación, pero los cambios pudieron ser por factores accidentales, añadió el perito, que precisó que "no puede asegurar" que la causa "más probable" fuera una manipulación intencionada o bien accidental.

Otro de los peritos, que mostró su postura contraria a la del perito de las defensas, indicó que detectó una "desviación anómala" y unas mediciones "extrañas", con caudales que se reducían y luego se normalizaban bruscamente".

Según dijo, esto podía deberse a un suceso sobrevenido, como una fuga, o a otro factor, como la apertura excesiva de una compuerta por intervención humana. Pero también observó que al dispositivo le cambiaron la escala y tenía una configuración "distinta a la original".

El juicio continúa mañana y hasta el resto de la semana con la lectura de los informes de cada una de las partes.