Los sindicatos de la función pública advirtieron de que el decreto de recorte de las retribuciones aprobado por la Junta "puede generar problemas sociales en algunas empresas públicas por falta de dinero, lo cual le puede impedir salir adelante a algunas de ellas".

Fuentes de los sindicatos CCOO-A, UGT-A y CSIF-A precisaron a Europa Press que el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que hoy mismo entró en vigor "incluye todo lo que nos temíamos, no hay sorpresas, salvo que es más extenso que el real decreto nacional", por lo que mantienen su intención de presentar recursos y denuncias contra el mismo, algo que sigue en estudio, toda vez que "es un proceso muy complejo, que además se está estudiando todavía con el real decreto ley nacional".

No obstante, sí anunciaron que mañana se reunirán con la Junta para negociar los servicios mínimos de la huelga convocada el 8 de junio en todo el sector público andaluz, en concreto deberán negociar con la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el caso del personal laboral y con la Consejería de Empleo para los servicios mínimos del personal funcionario.

La Junta es la encargada de negociar los servicios mínimos al tener esas competencias transferidas.

Lamentaron asimismo que aunque el recorte no se aplique en las pagas extra de junio, en la paga de diciembre "además del recorte establecido, nos quitarán la parte proporcional correspondiente a los seis primeros meses de 2010, por lo que la segunda paga extra se verá muy recortada".

Sobre las empresas públicas, las fuentes consultadas advirtieron de que "la Junta tiene interés que a esas sociedades también les sean de aplicación los recortes", aunque recordaron que cada empresa pública "tiene sus propios convenios", por lo que "se generará "una batería de reclamaciones específicas, pues cada acuerdo tiene sus cláusulas concretas".

Advirtieron de que "más de una empresa pública va a tener más de un problema social y más de una empresa pública no podrá salir adelante, pues al quitarles el cinco por ciento, ello supone mucho dinero". "Esta situación le va a hacer mucho daño a las empresas públicas", advirtieron.

El decreto de la Junta contempla una disposición adicional, en la que hace referencia a una "norma especial" en relación con las sociedades mercantiles a efectos de la aplicación de la reducción salarial, de forma que ésta no será de aplicación al personal laboral no directivo de esas sociedades mercantiles "salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".

No obstante, dicha disposición contempla que la Consejería de Hacienda y Administración Pública fijará los costes del personal de dichas sociedades mercantiles con una deducción del cinco por ciento, "a los efectos de que, a través de la negociación colectiva, o por aplicación directa respecto del personal no sometido a convenio se logre la aplicación del criterio de progresividad y homogeneidad de la disminución de las retribuciones del conjunto del sector público andaluz".