La Guardia Civil atendió en el primer trimestre de este año 302 denuncias por violencia de género, el 43 por ciento del total de las presentadas en la Comunidad, lo que refleja un incremento de las mismas en el medio rural.

Así se puso de manifiesto durante la presentación del balance del Plan contra la violencia de género en el medio rural del año 2009, cuando el número total de denuncias interpuestas ante el Instituto Armado se elevó a 972, un 38 por ciento del total. De las 302 denuncias interpuestas, la mayoría se refieren a mujeres procedentes de la Unión europea; 115 de América Latina y 22 del Magreb, entre otras.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, en una rueda de prensa tras la Comisión de Asistencia en la que se analizó este plan, incidió en que a pesar de que el dato pueda parecer malo también tiene una interpretación positiva, ya que refleja que se denuncian unos hechos que hay que "atacar de raíz" y que no deben quedar ocultos.

En este sentido, Alejo considera que ahora hay una percepción mayor de que hay una red que protege a las víctimas y por ello las mujeres denuncian más y los hechos quedan menos ocultos, algo en lo que también coincidió el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Alfonso Santos Ferreiro, quien apuntó que no se trata de un delito nuevo y que el aumento de las denuncias quiere decir que se están cumpliendo los objetivos y que aflora algo que antes no se veía.

Santos Ferreiro explicó que se espera que todavía aumentarán las denuncias pero tocarán "techo" y manifestó que se trata de un signo de "eficacia y eficiencia".

El delegado del Gobierno considera que el plan, aprobado en julio de 2008 y puesto en marcha en 2009, está logrando los objetivos, que es un modelo "asentado" y las cosas están "funcionando" y recordó que la base de la iniciativa es la actuación de la Guardia Civil, con responsables concretos para este aspecto, con la colaboración de diferentes administraciones e instituciones.

Mejoras en el futuro.

Miguel Alejo también aclaró que el plan se mejorará y se ajustará a lo largo de este año. Para ello, explicó que por ejemplo se ha decidido que las sesiones de trabajo que se realizaban entre los responsables de las administraciones implicadas (ayuntamientos, Junta, Gobierno central, Guardia Civil, etcétera) que hasta el momento eran mensuales se mantendrán semestralmente y mientras tanto se desarrollará un trabajo ordinario que incluirá las reuniones si son necesarias, ya que los responsables de las diferentes administraciones ya se conocen y han contactado.

Por otra parte, entre las propuestas de mejora recogidas entre todos los participantes se encuentran cuestiones que también podrían ayudar a mejorar la iniciativa como incluir algunos datos sobre la víctima, si es nacional o extranjera, algo que permitiría "afinar" más con el contexto en el que se producen; cuantificar y analizar la violencia de género en menores; incrementar los programas de sensibilización y prevención primaria, dirigir algunos de ellos a las minorías étnicas, extranjeros o menores o ir acercando el "foco" a distintos colectivos de forma específica.

El plan se puso por primera vez en marcha en Castilla y León y ahora se llevará a cabo también en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía, incidió Alejo.

El plan fija seis objetivos principales, en los que se ha venido trabajando con la realización de diversas acciones. En concreto, para mejorar la coordinación entre los profesionales implicados y sus recursos se han realizado 99 reuniones; se han llegado a cabo nueve jornadas sobre formación organizadas con la Junta con 345 asistentes.

Además, se han producido encuentros con el fin de intercambiar información con el fin de facilitar que, una vez interpuesta la denuncia, la víctima de violencia de género sea asesorada sobre el Centro de Acción Social que le corresponde para recibir asistencia social integral, con seguimiento de su caso y la coordinación con el Centro de Salud cuando sea necesario. Para ello, se han realizado 60 reuniones conjuntas de puesta en marcha del plan, además de otras 83 con asistentes de otras administraciones (centros de salud, ayuntamientos, policías locales, etcétera).

Por otra parte, para facilitar que la víctima que acude a un CEAS tenga la suficiente información y conocimiento de las intervenciones que se van a efectuar en el Puesto de la Guardia Civil que le corresponde se han realizado 447 reuniones entre la Guardia Civil y los CEAS.

Otros recursos.

Con el objetivo de mejorar la protección, atención y seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, incrementándose además la seguridad subjetiva de las mismas al encontrar en su zona una respuesta institucional eficaz se han elaborado 311 fichas e informes que siguen un modelo unificado donde se recogen denuncias, niveles de riesgo, recursos utilizados y dificultades observadas. Asimismo, se han realizado 109 reuniones de seguimiento y análisis del plan.

Sensibilizar e informar a la población del medio rural de la importancia de la implicación social como medida preventiva para contribuir a la erradicación de la violencia de género a través de distintos medios:

Además, bajo el paraguas de este plan, a lo largo de 2010 varios municipios de la Comunidad se están incorporando al Sistema de Seguimiento Integral de Víctimas de Violencia de Género que pusiera en marcha el Ministerio del Interior. Por el momento, se integran en el sistema ocho municipios de Valladolid (la capital, Medina del Campo, Tudela, Laguna, Arroyo, Peñafiel, Todesillas y Simancas) y cuatro de León (Villaquilambre, La Bañeza, Astorga y San Andrés del Rabanedo).

Este sistema se basa en una herramienta informática a la que tienen acceso las FCSE, el Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y Unidades de Violencia Género y se están adhiriendo a él las policías locales cuyos ayuntamientos hayan suscrito un protocolo de colaboración con el Ministerio del Interior.

El VioGen permite el seguimiento pormenorizado de las mujeres amenazadas y de su entorno, para evaluar de manera permanente el riesgo que sufren e ir adoptando las medidas adecuadas en cada caso para su protección.