En la lectura de su informe final en la última sesión del juicio que se sigue desde el pasado 17 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) contra el ex magistrado y otros tres imputados —además de Arnaud F.A. e Igor M.L., el empresario del petróleo Azan K.—, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, expuso a la Sala lo que considera el Ministerio Público como elementos "incriminatorios" de los cuatro acusados.

El primero de ellos, de un total de siete, es, para el fiscal, el hecho de la coincidencia en el tiempo de los supuestos intentos de extorsión de Arnaud F.A. y del responsable de la revista 'Social Life' Igor M.L. al propietario del mayor grupo de empresas intervenidas en la 'Operación Hidalgo', D. Shamoon, con las resoluciones que De Urquía, como juez instructor, iba adoptando. Para el fiscal, es "difícil de concebir" que los tres acusados, sin hablar entre ellos, se pusieran de acuerdo para intentar la extorsión.

Asimismo, se pueden considerar "incriminatorias" las propias declaraciones "mendaces" y "descabelladas" de los tres amigos, que "han faltado a la verdad" durante la vista oral desarrollada en el Salón de Plenos del Alto Tribunal andaluz; el "ánimo de ocultación" que, en su opinión, tuvo Urquía al hablar en "sentido críptico" cuando supo que su teléfono había sido intervenido judicialmente; y las grabaciones que hizo el hijo del empresario imputado de las distintas conversaciones que mantuvo con Igor M.L., que demostraban que éste último conocía extremos de la instrucción del caso 'Hidalgo' que habían sido declarados secretos para presionar y obtener así la cantidad exigida.

Además, para el Ministerio Público son relevantes las declaraciones de los testigos citados en el proceso, entre ellos el empresario imputado y su hijo, el administrador de sus empresas y el inspector jefe de la Udyco, porque ninguna de ellas incurre en "contradicciones" y además se han sostenido en el tiempo; la pericial caligráfica realizada por la Policía Científica a la autocopia de la comanda que supuestamente dio Arnaud a Philippe Junot para que éste se la entregara a su amigo D.Shamoon como muestra de su conocimiento de la 'Operación Hidalgo', que atribuyó la autoría como probable al amigo del juez; y la propia actuación del juez Urquía en la designación del administrador judicial de las empresas intervenidas en 'Hidalgo', la fijación de su retribución y la puesta en libertad de Azan K. pocos días después de que éste supuestamente pagara 60.000 euros a cambio de salir de prisión.

A juicio del fiscal superior, no se sostiene la tesis apuntada por las defensas de los acusados de que existió una "confabulación" entre un alférez de la Guardia Civil y los denunciantes para implicar a De Urquía, puesto que el agente de la Benemérita se limitó a hacer cumplir las resoluciones que ordenaba el juez instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Málaga, contra los imputados y tomó otras decisiones —como reunirse con el imputado Igor M.L. para intentar tranquilizarle— dentro de lo que se considera la "normalidad".

El fiscal impugna la pericial de la guardia civil

"Este elemento exculpatorio debe desecharse", señaló García Calderón, que pidió además hoy ante la Sala, que preside el magistrado Manuel Mazuelos, que no sea considerada como prueba la pericial caligráfica que hizo la Guardia Civil, que cambió sus conclusiones en el juicio, atribuyendo la autoría de la comanda a Arnaud F.A. en lugar de al juez, como hizo en un principio, reconociendo que hizo su informe en un primer momento de manera "precipitada".

Por otro lado, la defensa de Urquía, que defendió durante algo más de dos horas la inocencia de su patrocinado, aludió varias veces al "ánimo de venganza" que ha movido en este proceso a los implicados en el caso 'Hidalgo' y apuntó además las "incoherencias" de las acusaciones contra el juez. Sobre este extremo, ahondó en el hecho en que "no tiene sentido" que De Urquía prevaricara en el nombramiento de la administración judicial de las empresas y en la fijación de los honorarios del administrador si éste último no estaba "involucrado".

En opinión del letrado, tampoco es entendible que la Fiscalía acuse ahora al ex magistrado de Marbella por unas resoluciones que el mismo Ministerio Fiscal avaló, tal y como declaró la pasada semana el fiscal Anticorrupción que llevaba el caso, Juan Carlos López Caballero. Por ello consideró que éste se trata de "un caso único en la historia judicial del país que nos sitúa en el absurdo".

En todo el proceso han existido además, a su juicio, "extraños" e "insólitos" acontecimientos, como la actuación del alférez de la Guardia Civil que recibió la denuncia por posible extorsión que presentó en julio de 2007 uno de los imputados en 'Hidalgo', el administrador de las empresas de D.Shamoon, con el que le une ahora una relación de amistad.

El agente hizo, según el abogado, la transcripción de las conversaciones entre Igor M. y el hijo del empresario imputado de manera "descontextualizada y tendenciosa" y además se reunió con el responsable de la revista, en una nueva actuación "insólita", con carácter "ansiolótico".

"la guardia civil no tiene funciones terapéuticas"

"No resulta creíble el argumento de que quedó con Igor M. para tranquilizarlo porque la Guardia Civil no tiene funciones terapéuticas", ironizó la defensa del juez, que argumentó que quizá más bien este encuentro se produjo para presionar a Igor para que implicara al juez, ya que la causa se había sobreseído contra él.

Sobre la comanda, el abogado dudó de que el original existiera alguna vez y aseguró que este documento contenía elementos que no eran reales sobre una finca propiedad de Shamoon, lo que en principio exculparía al juez. Además, Junot "carece de credibilidad" como testigo, porque él mismo, recordó la defensa de Urquía, reconoció en el acto del juicio oral que hubiera contribuido a la comisión del delito si el empresario D.Shamoon hubiera aceptado el pago de los cinco millones de euros que supuestamente le pidió Arnaud a cambio del favor del juez, trasladándole a este último el deseo del imputado en 'Hidalgo'.

"Estamos ante distintos actores que se han concertado para hacer una representación para que se reabriera la causa y desconcertar a este tribunal", mantuvo el letrado, para quien además el denunciante, D.Shamoon, se mueve por un "doble interés": por su ánimo de venganza contra el juez "que tanto le ha perjudicado" con la 'Operación Hidalgo', y por argumentar que todo el proceso está "viciado" porque el magistrado que inició la causa está condenado.

La sesión, que comenzó hoy a las 9,00 horas, se ha reanudado a las 15,45 horas aproximadamente para que los abogados de los tres acusados restantes lean sus informes finales, y también la Abogacía del Estado —que pide la absolución de Urquía—, con lo que está previsto que el juicio quede hoy visto para sentencia.

De Urquía se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como magistrado y multa de más de ocho millones de euros por la posible comisión de dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho.

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