Un informe psiquiátrico ha concluido que Rafael P.P., de 67 años de edad e imputado por intentar hacer volar en julio pasado el bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, ha concluido que este hombre, actualmente en prisión, padece un trastorno psiquiátrico.

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que, este informe, solicitado por el letrado del imputado, ha concluido que éste sufre trastorno de la personalidad, aunque el Juzgado de Instrucción número 14, una vez conocido este resultado, ha pedido a su vez un informe a dos psiquiatras-forenses a fin de confirmar la primera evaluación.

Según recordaron las mismas fuentes, Rafael P.P. se encuentra actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa, mientras que, paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 6 se encuentra investigando las presuntas calumnias e injurias que este sujeto habría protagonizado contra un vecino del bloque en los meses previos al incendio.

La comunidad de propietarios del número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán ya se personó en la causa instruida sobre los hechos al objeto de reclamar penas para el detenido e "indemnizaciones" para los heridos y las 82 personas desalojadas de sus viviendas tras el incendio supuestamente provocado por el imputado el pasado día 17 de julio de 2009.

Calumnias e injurias

Conviene recordar que Rafael P.P. ya se negó a declarar por las presuntas calumnias e injurias a un vecino del bloque en los meses previos al incendio, aunque sí dijo que "el que tendría que estar en prisión" es el querellante —el administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba—.

En su día, el propio José Enrique Algaba explicó que fue en noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable".

Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizaba una serie de imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la primera citación judicial el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarle verbalmente, aunque los vecinos "nunca llegamos a imaginar que las amenazas iban a llegar a este término" —en referencia al incendio provocado el pasado mes de julio por este individuo, actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa—.