Así lo explica la propuesta de resolución de la fiscal instructora, María Luisa García Vega, como conclusión de las diligencias practicadas a raíz de un escrito de protesta presentado por la propia Policía Local. En el documento se señalaban presuntas irregularidades en la tramitación de los boletines de denuncia de la Policía local, indicando la paralización o el desvío de buena parte de ellos.

Tras analizar las pruebas y tomar declaración a la propia concejala, la fiscal consideró que la edil "procedió a dar una orden verbal a la responsable del procedimiento sancionador a fin de que alterara la tramitación de los mismos, haciéndole ésta entrega, desde el 15 de junio de 2009 hasta el 15 de octubre del mismo año, de todos los boletines de denuncia". Según la fiscal, se provocó así "la paralización y dilación de la tramitación de los expedientes, la pérdida de boletines y la prescripción de algunos de ellos".

Según consta en la propuesta de la Fiscalía, la Policía Local referenciaba un listado de boletines, cuyo estado de tramitación se desconocía. De hecho, señalaba "la existencia de un buen número de ellos apilados en el despacho utilizado en el Ayuntamiento de Carreño por el Grupo Socialista (partido gobernante al que pertenece Gutiérrez)", a donde presuntamente "eran desviados una vez tenían entrada en el Registro del Ayuntamiento, sin seguir el curso normal de tramitación".

Multa a una edil socialista

La Policía Local remitió un escrito ampliatorio en el que aseguraba que el Ayuntamiento no tenía en su poder varios de los resguardos de las multas que le correspondían.

Señalaba además el cuerpo, según relata la Fiscalía, "que en algún caso el expediente sancionador se había abierto con el ejemplar correspondiente al denunciante. Un ejemplo es el boletín 10148/01, que corresponde a una denuncia de 26 de diciembre de 2009, relativa a un vehículo cuya titular es María Dolores Aramendi, concejal socialista, y "cuyo expediente sancionador no fue abierto hasta el 12 de marzo de 2010, con posterioridad al escrito de esta Fiscalía dirigido al Ayuntamiento y abierto con el ejemplar del denunciante", reza la propuesta de resolución.

Como prueba de que "se alteró el procedimiento sancionador", el escrito de la fiscal señala que en noviembre de 2009 la responsable del procedimiento remitió a la concejal una relación de números de boletines de denuncia de cuya existencia era conocedora por los escritos de alegaciones de los denunciados, o por pagos de multa, pero que no constaban en el Departamento de Sanciones". Además señala que "algunos de ellos, al referirse a infracciones leves, podían ya estar prescritos".

Conflicto entre policía y ayuntamiento

La Fiscalía relata también que Gutiérrez reconoció dar la orden "con la finalidad de revisar personalmente los boletines de denuncia, al haberse producido un considerable aumento del número de los mismos, lo que motivaba quejas de los ciudadanos".

De hecho, el Ayuntamiento aportó una estadística del aumento de denuncias de la Policía local, así como una copia de recortes de prensa en la que se pone de manifiesto la existencia de un conflicto entre la Policía y el Ayuntamiento por motivos laborales.

No hay delito de coacción

Por otra parte, la Fiscalía rechaza que exista delito de coacción en "supuestas expresiones de carácter coactivo, realizadas por la edil a miembros de la Policía Local en una reunión de personal en la que les instaba a retirar las denuncias".

La Fiscal entendió que "no consta denuncia de los afectados personalmente, tratándose de una infracción perseguible a instancia de parte".

También consideró que no procede denunciar la aparición de fotografías colgadas en las taquillas de la Policía Local pidiendo la dimisión de la concejal sobre una imagen del personaje cinematográfico Torrente.