"El alcalde aprobaba las cuentas e incluso no apoyaba mis propuestas", aseveró durante su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que juzga a cuatro directivos y el empleado de una contrata de FCC, acusados de delitos de estafa y societarios por la presunta falsificación de facturas, caudalímetros y partes de trabajo, así como por negarse a facilitar información a sus socios, el Ayuntamiento de Torrelavega.

Aguator era la empresa que prestaba desde 1994 el servicio de aguas en Torrelavega. Estaba constituida por Sogesur, del Grupo FCC, como socio privado y mayoritario, y por el Ayuntamiento, en una relación en la que en el año 2000 empezaron a producirse discrepancias que desembocaron en denuncias judiciales.

Albalá fue concejal de Hacienda entre 1999 y 2003, período en el que el PP gobernó en Torrelavega en virtud de un acuerdo con el Partido Regionalista de Cantabria, cuyo representante, Francisco Javier López Marcano, ocupó la Alcaldía del municipio.

Como edil de Hacienda, Albalá era el encargado de formular las cuentas de Aguator, que no obstante aprobaba la Junta General, encabezada por López Marcano. Pero Albalá era también consejero en Aguator, en representación del socio público, el Ayuntamiento, en un consejo presidido por el regionalista Alejandro Campo.

Albalá ha declarado hoy como testigo en una nueva sesión del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, donde ha relatado como la situación de la empresa del agua provocó desacuerdos también entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento.

Así, el ex concejal de Hacienda recordó que propuso, entre otras medidas, la intervención judicial o administrativa de Aguator, propuestas que no fueron respaldadas luego por el PRC.

Albalá explicó que él se apoyaba en los informes que habían elaborado el ingeniero y el interventor municipal, y en base a los cuales comenzó a tener "dudas" sobre la gestión de la sociedad mixta.

Estas dudas se referían a cuestiones como las adjudicaciones a Tedesa (una subcontrata habitual de Aguator que pertenecía al mismo grupo que el socio privado, Sogesur, del Grupo FCC), a los partes de trabajo o a las formas de medir las redes.

Albalá trasladaba peticiones de información en los Consejos de Administración, donde actuaba como "correa de transmisión" de estos técnicos. Pero los abogados defensores de los directivos de FCC le precisaron que se respondió favorablemente a unas 200 solicitudes de documentación y que esos reparos no fueron expresados como tales formalmente en los Consejos.

Además, narró la visita que hizo en junio de 2002 a la empresa junto a técnicos municipales en busca de documentación, y en la que el gerente, Alberto Andérez, no quiso dársela, de forma que se produjo un "rifi-rafe" y finalmente los representantes del Ayuntamiento fueron "invitados" a abandanar la sede de Aguator.

Previamente, un representante de la empresa responsable del caudalímetro en que se basaba Aguator se remitió a un informe en el que se detectaron alteraciones en el equipo que se traducían en "mediciones no correctsas". "Eso no se cambia sólo", dijo en su declaración.