Así lo puso de manifiesto en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de la empresa pública durante la pasada legislatura, con Collado como gerente y Marina Sans como presidenta. Durante la comparecencia, la encausada, a quien entre otros delitos se le imputa blanqueo de capitales, detalló el patrimonio con el que cuenta actualmente y se negó a responder, al igual que hizo hoy Collado, sobre un informe policial que especifica diversos ingresos en efectivo de sus cuentas ya que no lo ha estudiado.

En este sentido, el magistrado le pidió explicaciones sobre los 400.000 euros obtenidos en los últimos siete años así como acerca del volumen de movimientos de unos 165.000 euros en 2003; de un ingreso de 12.950 euros ese mismo año; de otros movimientos por valor de 280 euros en 2004; de otro ingreso de 6.000 euros en 2003 y de la adquisión de acciones de Funespaña y del Banco Santander que se vendieron poco después. Una lista de operaciones sobre la que Moll se negó a responder al no haber analizado el informe de la Policía y "desconocer a qué ingresos se refiere".

"Creía que la declaración de hoy era para dar cuenta de mi patrimonio", se escudó Moll quien, defendida por el abogado José Ignacio Herrero, recordó que en 1994 heredó un piso en la calle Ramon Muntaner y un chalet en Palmanyola, y posteriormente, tras la venta del primer piso, efectuó diversas compraventas con sus inmubles hasta que finalmente adquirió una casa en Arabela con una hipoteca de 200.000 euros y cuyo precio eran unos 540.000 euros". "Eso es todo mi patrimonio", agregó la encausada.

Finalmente, señaló que posee diez plazas de parking así como unos ingresos de 600 ó 700 euros que "me los dan en mano", aunque normalmente, concluyó, los utiliza para gastos.

Por su parte, Collado, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, volverá a ser citado próximamente después de que hoy compareciese ante el juez pero también se negase a responder en relación a los ingresos en efectivo que obran en cuentas propias y de su esposa, ya que hasta el momento no ha podido corroborar el informe policial en el que constan datos referidos a estos ingresos.