Torres, hoy titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, avaló así lo que ya declaró la pasada semana De Urquía, que se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) imputado por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho por supuestamente ofrecer favores judiciales a cambio de dinero a los implicados en el caso que investigaba.

De Urquía negó el pasado 18 de mayo ante el tribunal que lo juzga los hechos de los que le acusa la Fiscalía, que considera que el juez tomó "por decisión personal" el nombramiento de un administrador judicial, al que fijó un sueldo de 65.000 euros, más una comisión del 1 por ciento del valor de cualquier acto de transmisión o enajenación de los activos de las empresas intervenidas, situación que tenía como "verdadera finalidad" la de conseguir del dueño una contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas judiciales.

Según Miguel Ángel Torres, que declaró hoy como testigo en la causa contra De Urquía y otros tres acusados más —Arnaud F.A., Azan K. e Igor M.—, el ex magistrado se dirigió a su despacho para preguntarle su opinión jurídica sobre cómo podían fijarse los honorarios del administrador judicial, dada su experiencia en casos como 'Ballena Blanca' o 'Malaya'. La aplicación de las tablas profesionales fijaría una remuneración que le parecía "excesiva" a De Urquía, una visión que también compartía el juez Torres, que le recomendó al instructor del caso 'Hidalgo' que lo mejor sería que los administradores de las empresas se pusieran de acuerdo con el administrador judicial y que, de no conseguirlo, debería él adoptar un criterio. ((((

Habrá ampliación))))