La primera teniente de alcalde, Marta Camps, justificó hoy durante el pleno municipal la necesidad de la medida por la coyuntura económica. Explicó que dará más margen a las empresas que tienen obras paradas para encontrar financiación y poder reprender el trabajo.

Además, aseguró que la necesidad de renovar licencias puede suponer una traba administrativa, ya que aunque un proyecto la haya obtenido en el pasado, puede resultar incompatible con nuevas leyes urbanísticas aprobadas después por el Consistorio.

La medida tendría carácter excepcional y sería acordada por el ayuntamiento en cada caso y a petición del promotor, que tendrá que justificar los motivos por los que necesita parar o atrasar la obra. Además, deberá indicar las medidas que tomará para mantenerla en buenas condiciones mientras esté parada, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Actualmente los promotores pueden pedir una prórroga por la mitad del plazo otorgado, hasta cuatro años y medio en casos justificados, por lo que a la práctica dispondrán de siete años y medio para acabar las obras.