En concreto, la comparecencia de Collado, asistido al igual que su esposa por el letrado José Ignacio Herrero, ha sido fijada a partir de las 11.30 horas, después de que el encausado, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, ya prestase declaración el pasado día 7 también por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

Mientras tanto, la de Moll está prevista a las 11.45 horas y la de Sans, defendida por Rafael Perera y a quien se le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos, a partir de las 12.00 horas.

Sin embargo, éstas no son las únicas comparecencias previstas para mañana ya que también han sido citados cinco testigos, de modo que a las 10.00 comparecerá como perito Sergi Martínez Palomar; a las 10.15 un empleado de la empresa Westie Inversiones, Eloy Fernández; a las 10.30 Juan Miguel Fabregat, que ratificará un informe sobre el valor de los ataúdes; a las 11.00 un representante de la funeraria de Manacor, Onofre García, y a las 13.00 también como testigo Eloy Duran.

En su última declaración, Collado se desvinculó de esta presunta trama de corrupción al negar haber cobrado comisiones ilegales a proveedores de la compañía pública, y rechazó haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM. Es más, defendió que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación".

Cabe recordar que la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo abierto por de los viajes privados que realizaron Collado y Sans, que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública por una cantidad superior a los 7.000 euros. De hecho, Sans, ingresó en la cuenta de la funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la empresa pública.

Además de Collado, Moll y Sans, también se encuentran imputados en este procedimiento el constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.