El PP presentará una moción en la Asamblea Regional, que parte de las reivindicaciones de los ingenieros, en la que instará al Gobierno de la Nación a "retomar el proceso de diálogo con asociaciones de consumidores, colegios profesionales y administraciones públicas" y que adopte las medidas necesarias para "mantener el visado colegial de todos los trabajos profesionales en aras de garantizar una mayor protección en la seguridad pública".

Así lo anunció hoy el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, que acompañado por el secretario de Tecnología del PP, Teodoro García; y el diputado regional Vicente Balibrea, autor de la moción, mantuvieron una reunión de trabajo con diversos decanos de los colegios profesionales de Ingenieros de la Región de Murcia.

Durante el encuentro, los decanos de los colegios pusieron de manifiesto la "falta de voluntad" de diálogo por parte del Gobierno central, al tiempo que advirtieron que esta reforma "perjudicaría a los ingenieros españoles, que van a tener dificultades para trabajar en otro país de la Unión Europea, pero que va a dar más facilidades a cualquier europeo para trabajar en España".

Desde el PP, Ruiz dejó claro que "la supresión de los visados de los colegios profesionales tal y como pretende el Ejecutivo de la nación provocará un falta de seguridad a los ciudadanos".

En este sentido, subrayó que "los visados de los Colegios Profesionales tiene un coste insignificante, porque lo pagan los propios colegios, y otorgan seguridad a obras de carreteras, puertos y aeropuertos, instalaciones de telecomunicaciones y ordenación urbanística, entre otros", por lo que, recalcó, "si se elimina, el ciudadano queda menos protegido frente a los riesgos derivados de los mismos".

Esto, a juicio de José Gabriel Ruiz, "es contrario al sentido común", porque es un mecanismo que "se lleva a cabo por organismos independientes, pero el Gobierno decide eliminar el visado sin que haya una alternativa para dar seguridad a los ciudadanos y además va a resultar un servicio más caro".

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Sevilla, lamentó que este cambio "repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, porque el coste hasta ahora era nulo para ellos".

Mientras que el presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, Luis Manuel Tomás, destacó el "dinamismo" del Partido Popular de la Región de Murcia, puesto que ha sido el primero en presentar esta moción.

Al respecto, sostuvo que "la desaparición del visado va a implicar que un español tendrá problemas para ejercer en la UE, mientras que cualquier europeo tendrá facilidades para ejercer en el país".

De igual modo, subrayó, mientras que en España "el título académico es íntegramente habilitante para el ejercicio de la profesión, en el resto de países europeos la habilitación de la profesión la define la organización de profesionales".

De manera que "un español que hoy quiera ejercer un proyecto de ingeniería en Europa tendrá que ir a una organización profesional y someterse a un procedimiento de habilitación en donde, en función de su experiencia, definirá hasta dónde llega su ejercicio profesional".

Es por ello por lo que puso de manifiesto que con el decreto que pretende aprobar el Gobierno de la nación, "en el momento en que se autorice, cualquier europeo podrá venir a España y presentar un proyecto sin más condiciones, lo que también supone un problema para el ejercicio de la profesión de los recién titulados".

"La Ley Ómnibus es vital para el desarrollo de la economía española y en ningún caso es cierto lo que el Gobierno nos ha vendido y que se vaya a ahorrar dinero", explicó Manuel Tomás, quien subrayó que los ciudadanos "hoy no pagan ni un solo euro por el visado profesional, sino que los costes de dicho visado quien los paga es el colegiado".

Por último, comentó que "la seguridad estará en riesgo y las administraciones deberán asumir esos seguros de responsabilidad civil que hoy tenemos los colegios profesionales". Como consecuencia, advirtió, "ese coste lo pagará directamente el ciudadano".