Según indicó el Principado en nota de prensa, por parte del Gobierno Regional forman parte de esta comisión, el director general de Interior y Seguridad Pública, Valentín Ruiz, —en calidad de vicepresidente del 112 Asturias y Bomberos del Principado de Asturias—, y los gerentes de ambas entidades públicas, César Álvarez y Antonio del Corro, respectivamente. Por parte del Ayuntamiento de Gijón figuran la concejala de Seguridad, Begoña Huergo, el jefe de Bomberos de Gijón, Víctor Menéndez, y el jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez.

El convenio de colaboración contempla tanto la coordinación en la gestión de las emergencias como intervenciones compartidas y prestación de auxilio muto en las actuaciones de extinción de incendios urbanos y forestales, siniestros industriales, accidentes de tráfico, salvamentos, rescates y emergencias similares.

En lo que se refiere a la gestión de las emergencias, este grupo de trabajo será el encargado de establecer el calendario y los protocolos necesarios para la puesta en funcionamiento del Puesto Operativo Remoto (POR). Este equipo, con el que se pretende mejorar la coordinación en la gestión de las incidencias, contará con los medios técnicos necesarios, compatibles con los existentes en el Centro de Control Integrado de Servicios gijónes. Su instalación permitirá a ambas partes conocer en tiempo real el inicio de la llamada, realizar la transferencia inmediata, tener información instantánea sobre la movilización de recursos y efectuar el seguimiento de las emergencias.

Respecto a las intervenciones, la Comisión Mixta, deberá establecer los protocolos operativos que regulen los mecanismos de requerimiento de la colaboración, el sistema de comunicaciones, la dirección operativa de las intervenciones y la coordinación de las mismas entre Bomberos del Principado de Asturias y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Gijón (Speis).

Esta comisión deberá reunirse, como mínimo, una vez al año para realizar el seguimiento de los acuerdos y también para resolver las controversias que pudiesen originarse como consecuencia de su aplicación.