La Audiencia Provincial de Cantabria ha dado la razón a las defensas del caso Aguator y ha reducido el número de presuntos delitos que se imputaban a los cuatro directivos de esta sociedad municipal y el empleado de una contrata.

Finalmente, durante el juicio comenzado esta semana y que durará hasta junio, sólo se abordarán los aspectos relacionados con la falsificación de las facturas de agua y de los partes de trabajo de esta empresa que se encargaba del servicio municipal de aguas en Torrelavega, así como la negativa a entregar documentación al socio público, el Ayuntamiento.

Esto supone, entre otras cuestiones, que la indemnización que se puede pedir podría rebajarse desde los 800.0000 euros a los 35.000 euros, y también afectará previsiblemente a la duración de las penas, al ser por menos delitos, según explicaron fuentes jurídicas.

La Sección Primera ha informado hoy de un auto fechado ayer en el que se analizan las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que cuestionaban que se les pudiera juzgar por todos los hechos por los que iba a celebrarse el juicio.

Esto es así porque en las acusaciones, que ejercen el Ayuntamiento de Torrelavega, socio de Aguator, y el Ministerio Fiscal, se formulaban acusaciones sobre hechos a los que no hacía referencia el auto del Juzgado de Torrelavega por el que se dio por finalizada la instrucción.

Los cinco acusados por el caso Aguator se enfrentaban a penas que sumaban 20 años de prisión por delitos de estafa y societarios por distintos supuestos, que ayer las defensas llegaron a cuantificar en trece.

Pero las descripciones de las acusaciones no se correspondían con el auto de Torrelavega, lo que para las defensas podía ser un "exceso" en las imputaciones, y así lo planteó uno de los abogados dentro de las cuestiones previas al inicio del juicio ayer, a la que se adhirieron el resto de letrados.

Esto provocó la suspensión de la vista hasta que se decidiera sobre este y otros extremos. Hoy, el presidente de la Sección Primera, José Luis López del Moral, ha informado de que se estima esta cuestión previa.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Cantabria sólo se pronunciará sobre los hechos que tienen que ver con los supuestos falseamientos en la facturación del agua, la falsificación y manipulación de los partes de trabajo y la obstaculización o negativa por parte del socio privado a entregar la documentación de la empresa al socio público, el Ayuntamiento de Torrelavega.

Por el contrario, se rechazan el resto de las pretensiones de las defensas. Entre ellas, se descarta que se produjera vulneración en los derechos fundamentales en la forma en que la documentación del caso llegara a manos de quien en su día inició el proceso, Izquierda Unida, quien aseguró que los papales de Aguator fueron enviados de forma anónima a su buzón.

Los letrados querían que la información así obtenida no pudiera convertirse en prueba al entender que se había logrado de forma ilícita, pues decían que se le había sustraído a la empresa, y además consideraban que podía estar manipulado, ya que en ocasiones se trataba de fotocopias.

En cualquier caso, la Audiencia Provincial precisa que si se ha dado algún tipo de vulneración del derecho a la intimidad de la entidad jurídica, se trata de una empresa que cuenta con participación del Ayuntamiento de Torrelavega y es algo que puede tratarse más adelante.

En cuanto a la prescripción de los delitos, la Sección Primera señala que es algo sobre lo que no se puede pronunciar en estos momentos, pues depende de la duración de las penas que se soliciten.