De tapadillo. Así pasan por la sanidad pública madrileña entre 400.000 y 800.000 pacientes anuales. Son los amigos, vecinos y familiares de los 80.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que, según el sindicato médico Femyts, constituyen auténticas "citas sumergidas" que "interfieren en los circuitos normales", ya que cada profesional enchufa, de media, entre cinco y 10 personas.

Emilio (que prefiere mantener el anonimato) es uno de esos beneficiados por el trato de favor. Su esposa es auxiliar en el hospital La Paz y ha podido colarle para una prueba de cardiología casi a la carta. "¿Cuándo te cito?" le preguntaban un lunes a su mujer. Tres días después (el jueves) acudía él al hospital, cuando la demora mínima es de tres meses. Algo similar refiere Ángela, una empleada de la limpieza del mismo hospital a la que acaban de hacer una analítica completa en el servicio de extracciones del centro sin tener que esperar la tediosa lista. "Puedes contarlo, pero cámbiame de nombre, para evitar tener problemas", pedía a 20minutos.

Obligados a colarse

"No nos preocupan los enchufes, sino los motivos por los que se están utilizando", matizan desde la asociación privada del Defensor del Paciente. "No hay ni una sola persona en lista de espera oficial que no vea agravarse su estado por la demora", dicen.

Y es que, tal y como publicó este diario el pasado 21 de abril, sólo en lista de espera quirúrgica habría en la región, según UGT, un total de 50.689 madrileños, 12.262 más que hace un lustro, «un récord histórico». En el caso de las consultas de especialistas, hay quien tarda incluso seis meses en obtener la primera cita.

Es justamente esta demora (que la Consejería de Sanidad cifra en no más de 11,7 días de espera para pasar por quirófano) por lo que, quien puede, no duda en recurrir a pedir favores para adelantar su paso por consulta. El problema lo sufren, eso sí, quienes no tienen enchufes sanitarios y ven retrasada todavía más su cita por culpa de quienes se les cuelan.

Aunque desde la Federación de asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública apostillan que esta práctica es cada vez menos común "y en muchos centros hay graves restricciones incluso para el personal de la casa". Al tiempo recuerdan que el deterioro de la sanidad pública no es achacable a sus profesionales sino "a la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre".