Así lo expresaron los expertos participantes en la jornada 'Hacia un lema sobre la consideración penal de los incendios forestales como crimen contra la humanidad y la biosfera', en la que abordaron las consecuencias de los incendios en las personas y el medio ambiente.

El fiscal coordinador de incendios forestales de la Fiscalía Provincial de Valencia, José Antonio Nuño de la Rosa, valoró, durante su intervención, la posibilidad de que la justicia estudie la tipificación de este delito y señaló que el medio ambiente "debería considerarse como un bien jurídico a proteger en el futuro y, por tanto, la tendencia debería ser avanzar hacia un derecho fundamental al medio ambiente", explicó.

En cuanto al endurecimiento de las penas, Nuño de la Rosa recalcó que "actualmente el incendio forestal está castigado con penas de prisión de hasta 20 años, pero el problema radica realmente en encontrar al autor del incendio".

En la misma línea se pronunció el secretario autonómico de Gobernación, Luis Ibáñez, quien subrayó que la nueva Ley de Emergencias contempla que los causantes de un incendio deberán asumir los costes de extinción del mismo y se mostró de acuerdo con endurecer las penas para los que causan incendios forestales.

"A esta realidad hay que añadir el hecho de que el 70 por ciento de los incendios registrados en la Comunitat Valenciana durante el año pasado fueron provocados por negligencias o por la acción de pirómanos", apuntó.

Por su parte, el investigador del CSIC y Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, José Luis Rubio, reflexionó sobre las dimensiones ambientales de los incendios. "Actualmente representan una mayor tendencia los de carácter explosivo, con una velocidad de propagación mayor", manifestó.

Educación ambiental

Sobre la prevención de los incendios, el científico planteó una serie de planes de actuación que deberían centrarse en la educación ambiental, la reexaminación de los planes de prevención, investigación e innovación, las nuevas tecnologías y la protección civil.

Para Jesús Abad, miembro superviviente de los equipos de extinción que participaron en el incendio de julio de 2005 en Riba de Saelices, en Guadalajara, "el alto valor ecológico de la zona incendiada ha desaparecido y la gravedad de un incendio consiste actualmente en la imposibilidad de prever las consecuencias reales del fuego incontrolado".

Por último, el CVC, en una declaración final de la jornada, reclamó una política de gestión sostenible de los bosques y una adecuada planificación del territorio y los usos del suelo. Además, en el texto se incluye la importancia de la educación social en la conservación de los bosques como valiosos ecosistemas, que proveen servicios ambientales y recursos económicos, incompatibles con los usos negligentes del fuego y del monte.