Según informó el sindicato en una nota, el secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, indicó que estas medidas "son de extraordinaria preocupación" para la provincia de Huelva, ya que el recorte anunciado de 6.045 millones de euros en inversión pública "puede poner en riesgo los proyectos y la ejecución de las infraestructuras pendientes", como el AVE, la N-435, la autovía de la Cuenca Minera, entre otras, las cuales son "imprescindibles para afrontar los compromisos de desarrollo socioeconómico pactados".

Puente explicó que también es "preocupante" el ahorro de los 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales porque "incidirá en la precariedad laboral y en la pérdida de capacidad de renta de miles de trabajadores que ya sobreviven cercanos al umbral de la pobreza", ya que el salario medio en la provincia de Huelva "son escasamente unos 800 euros".

Además, con estas medidas "se responsabiliza directamente a los empleados públicos como parte causante de la crisis y de la situación presupuestaria actual", añadió Puente que incidió en que las medidas "suponen un claro retroceso en las prestaciones sociales consolidadas".

Reacciones de uso y csif

Por su parte, desde el sindicato USO manifestaron que el Gobierno ha utilizado "la tijera en la parte más débil del sector público", concretamente en los salarios de los trabajadores, a la par que criticaron que la Administración "no sea capaz" de recortar gastos corrientes, como la reducción del 50 por ciento de altos cargos y limitar sus retribuciones, así como la eliminación de planes privados de pensiones y su integración en el sistema público, entre otras.

Además, recordaron que el Gobierno firmó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo de negociación colectiva para el período 2010-2012, que "ha sido dinamitado" con las propuestas presentadas, por lo que dieron por "finiquitado este acuerdo, que criticó la USO en su momento, el cual incluía supuestas recuperaciones en el 2012, basadas en la situación económica".

Por ello, la USO hizo un llamamiento a todos los sindicatos de las administraciones públicas para dar una respuesta "adecuada y conjunta" en todos los ámbitos.

Por otro lado, el sindicato Csif mostró su "rechazo total" al plan de actuación anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y anunció que va a tomar todas las medidas a su alcance tanto legales como sindicales para oponerse rotundamente a lo que considera "una agresión y un fracaso del diálogo social".

Así, Csif, "en defensa de los servicios y los empleados públicos", manifestó "su voluntad solidaria" con la actual crisis económica y financiera, pero aclaró que "no permitirá que sean los trabajadores del sector público los que paguen las consecuencias de una política económica desastrosa e ineficaz".