Las propuestas fueron formalizadas por el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. de Cantabria, Mateo Rodríguez, y el delegado de este sindicato en la ONCE, José Antonio Ferrero, ante las secretarías de Presidencia y de los tres grupos políticos con representación parlamentaria.

Previamente, alrededor de una veintena de representantes y delegados sindicales participaron en una concentración ante las puertas del Parlamento para trasladar a los poderes públicos su "preocupación por la pérdida de empleo y el deterioro en la calidad de los servicios sociales que viene prestando esta organización en la región".

Así, Ferrero destacó que en la actualidad la ONCE "sólo cuenta con un centro de trabajo en la región" -la Delegación Territorial en Santander-, "tras haber decretado a principios de año el cierre de sus agencias en Torrelavega y Laredo, lo que, subrayó, "se ha traducido en la eliminación directa de cinco puestos de trabajo y el deterioro en la calidad de los servicios sociales que se venían prestando en estos dos municipios y sus alrededores".

Con todo, Ferrero precisó que la "mayor destrucción de empleo en la región está afectando al colectivo de personas ciegas, que en los últimos años ha perdido más de 40 puestos de trabajo, lo que representa el 20 por ciento de una plantilla integrada en la actualidad por unos 200 vendedores, además de otro medio centenar de empleados entre personal administrativo y técnico".

"La principal consecuencia de esta situación es que cada vez son más los invidentes que no disponen de un trabajo en Cantabria y que subsisten gracias a sus familias o el cobro de alguna prestación pública, es decir, todo lo contrario de lo que constituye el principal objetivo de la ONCE, que no es otro que conseguir la integración social y laboral de sus afiliados y su autonomía personal", lamentó el delegado de

Cc oo.

Externalización de las ventas

Pero Ferrero no sólo denunció "que se está perdiendo empleo a marchas forzadas y se está precarizando el existente", sino que, además, criticó la decisión de la ONCE de "externalizar desde mayo la venta de parte de sus productos a través de gasolineras, estancos y quioscos de prensa, en competencia directa con los propios vendedores de la organización".

El representante de CC.OO. afirmó que, diez días después de iniciarse este modo de comercialización, en Cantabria existen ya 80 puntos de venta funcionando, lo que, en su opinión, "va a redundar "en un todavía mayor deterioro del empleo, especialmente entre las personas ciegas, así como de sus condiciones laborales y salariales".

Por todo ello, Ferrero alertó de la posibilidad de que esta situación "pueda derivar a corto plazo en un grave problema social, que obligue a la Administración Autonómica a asumir la atención de las personas ciegas y deficientes visuales y al Estado a tener que correr con el pago de pensiones o habilitar prestaciones que hasta ahora eran satisfechas por la ONCE".