Por ello, advirtió de que "en defensa de los servicios y empleados públicos, y del Estado Social y de Bienestar", CSIF va a tomar "todas las medidas a su alcance, legales y sindicales para oponerse rotundamente a la agresión y fracaso del dialogo social".

En una nota, CSIF-A consideró estas medidas "graves, por incumplir el acuerdo de septiembre de 2009 que buscaba mejorar el servicio público que reciben los ciudadanos y donde ya aceptábamos una moderación salarial".

También las valoró como "injustas", al lamentar que "una vez más somos los empleados públicos sobre los que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de unas políticas derrochadoras de todas las administraciones".

"El Gobierno carga el peso de la reducción del déficit en los empleados públicos, pues de los 5.000 millones de recorte de 2010, 3.500 millones son asumidos por los empleados públicos, muchos de los cuales con salarios que escasamente superan los 1.000 euros mensuales y que los años de bonanza económica nunca se tradujeron en mejoras salariales para ellos", aseveró el sindicato.

La central consideró estas medidas "evitables", ya que "antes de pedir esfuerzo a los empleados públicos y si quieren acabar con el déficit en el gasto público deben cesar al 90 por ciento de los miles y miles de asesores del Estado, de las comunidades, de las diputaciones y de los ayuntamientos, asesores con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor".

Pidió asimismo que "recorten el número de ministerios, de consejerías y direcciones generales en el Estado, en las comunidades autónomas y en las administraciones locales" exigieron que "acaben con los sueldos que cobran los políticos por pertenecer a los consejos de administración de las empresas públicas, que en muchos casos son el segundo o tercer sueldo que cobra el político de turno".

Recordó que esas empresas públicas "se financian de los presupuestos públicos, con déficit de decenas de miles de millones de euros y que crean una Administración paralela sin ningún tipo de controles adecuados".

Además, pidieron que "eliminen los gastos suntuarios de las administraciones, viajes, coches, pseudoembajadas de comunidades y representaciones permanentes en infinidad de países".

CSIF-A expresó su voluntad "solidaria" en esta crisis, pero advirtió de que los empleados públicos "no estamos dispuestos a ser los que paguemos las consecuencias de una política económica desastrosa e ineficaz".