La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha acordado hoy por unanimidad de su consejo de administración que los servicios jurídicos de la compañía y los del Grupo del PP elaboren un informe "conjunto" sobre la argumentación del nuevo despido disciplinario acordado por el pleno del Consistorio para el que fuera director adjunto Daniel Ponce, imputado en las dos causas incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis y cuyo primer despido ya fue declarado improcedente.

El concejal del PP y consejero de Mercasevilla Beltrán Pérez, el presidente del comité de empresa y miembro del consejo de administración, Rafael Domínguez (CCOO), y fuentes municipales informaron a Europa Press de que, en efecto, el consejo de administración ha acordado "por unanimidad" que los servicios jurídicos de la sociedad mixta y del Grupo municipal popular redacten de forma "conjunta" un informe en cuanto las "causas" que motivarían el nuevo despido acordado por el pleno del Ayuntamiento hispalense para Daniel Ponce.

Ponce, cabe recordarlo, está ya imputado tanto en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza', como en las presuntas irregularidades del concurso público promovido por Mercasevilla para enajenar los suelos del mercado central, pues el procedimiento fue fallado a favor de 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' —filial del grupo Sando—, pese a que concurría una oferta superior del grupo Noga.

Al respecto, cabe recordar que el Juzgado de lo Social número once ya declaró en su momento "improcedente" el despido consumado el pasado mes de octubre sobre la persona de Daniel Ponce, por lo que finalmente la directiva de Mercasevilla optó por readmitirle en la compañía.

De cualquier manera, el presidente del comité de empresa advirtió a Europa Press de que, pese a carecer de voto en el consejo de administración, se ha opuesto públicamente a un nuevo despido del ex director adjunto, porque dada la mencionada sentencia del Juzgado de lo Social número once, una nueva medida similar "no va a ninguna parte" y sólo contribuiría a "blindar" al ex directivo. Beltrán Pérez, de su lado, criticó que pese a que el pleno celebrado el pasado 16 de abril acordase convocar de forma "urgente" el consejo de administración de Mercasevilla para promover un nuevo despido contra Ponce, la sesión se haya celebrado "26 días después", lo que a su juicio puede mermar la prosperidad del acuerdo.

Mientras, como miembro de la plantilla, Daniel Ponce ha elevado a la vía Social una demanda contra la negativa de Mercasevilla a incluirle en el recién expirado expediente de regulación de empleo (ERE) y permitir así su pre jubilación.

Además, el abogado de Ponce, Simón Fernández, ha anunciado ya que su cliente medita promover una querella por prevaricación contra todos los concejales que aquel 16 de abril votaron a favor de someterle a un nuevo despido disciplinario. La representación jurídica del ex director adjunto de Mercasevilla, en ese sentido, entiende que los ediles del PP, el PSOE e IU-CA habrían votado a favor del nuevo despido pese a ser "conscientes" del fallo judicial que había declarado improcedente tal medida y de la ausencia de "faltas disciplinarias" que motivasen tal solución.

El despido de ponce

El fallo relativo al primer despido, recogido por Europa Press, consideraba hechos probados que Ponce realizó en 2007 y 2008 dos viajes a Vietnam con la asociación de mayoristas de pescado. En el primero de ellos recibió para el viaje 7.049 euros y devolvió 1.920,62 euros a la empresa tras haber anticipado 2.500 euros. En el segundo, recibió 4.367,67 euros y devolvió 1.392,46 euros, además de justificar gastos en comida, transportes y alojamiento por valor de 1.308,12 euros y entregar justificantes por el gasto de 560,80 euros en bebidas alcohólicas y masajes.

La sentencia reconoce, de hecho, que no se ha acreditado que Ponce justificase los gastos de su viaje a Vietnam en 2007, toda vez que entiende que los derechos fundamentales del demandante no se han visto vulnerados y no existió "acoso laboral en forma alguna".

De hecho, las causas alegadas por la empresa para su despido aludían a la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa", concretamente Carmen V.M., y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial, entre otros aspectos.

No obstante, en cuanto al acto de despido en sí, advertía el juzgado de que "ha de quedar acreditado la realidad y entidad de las faltas atribuidas al trabajador", aunque en este caso, la ausencia de justificación de los gastos realizados en Vietnam habrían prescrito, según el contenido de la sentencia.

"tolerancia" de la empresa a las "irregularidades"

Además, entendía la sentencia que aunque no estuvieran prescritos los hechos, se dio una "clara situación de tolerancia de la empresa ante el comportamiento del trabajador. De hecho, el juzgado admite las "irregularidades" en la justificación de los gastos, pero advierte del "concurso" de la propia empresa, que tenía a su "disposición" los justificantes de gastos del viaje de 2008 y "ni siquiera se molestó en requerir" los del viaje de 2007.

En cuanto a la entrega del dinero de la mencionada beca, se trataría de hechos "prescritos" y "no se acredita" suficientemente que Ponce ordenara el pago de esta partida, toda vez que en lo que al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número seis con la propia imputación de Ponce, "no se considera suficientemente acreditado" que el demandante tomase parte en las conversaciones grabadas que sustentan el caso.