La Delegación del Gobierno andaluz ha resuelto impugnar por la vía Contencioso Administrativa los actos del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), contenidos en el requerimiento en el que la Junta reclamaba al Consistorio tanto la anulación de la aceptación de las recusaciones promovidas contra tres funcionarios que participaron en un tribunal de selección, como los expedientes disciplinarios incoados contra ellos, pues el Ayuntamiento habría incurrido en una "vulneración" de los derechos constitucionales de acceso a las funciones y cargos públicos en igualdad de condiciones.

Según informó a Europa Press la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, la decisión de este departamento dirigido por Carmen Tovar parte del artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, porque dicha normativa "no sólo permite, sino que obliga a la Administración autonómica a intervenir en estos supuestos".

En cuanto al requerimiento firmado el pasado 30 de marzo por la delegada del Gobierno andaluz, Carmen Tovar, reclamando al Ayuntamiento la nulidad de tales actos, la Junta recordó que tal medida fue acordada merced a la "información" aportada tanto por los funcionarios municipales víctimas de expedientes disciplinarios, como por el funcionario del servicio autonómico de Administración Local que participó en el tribunal de selección en cuestión. Al respecto, la Delegación del Gobierno andaluz defiende que el mencionado funcionario autonómico corroboró la tesis de los funcionarios municipales sometidos a expedientes disciplinarios a cuenta de su negativa a la "alteración" de un concurso oposición.

Sobre este aspecto en concreto, —la negativa de estos tres funcionarios a "alterar" el concurso oposición regido por el mencionado tribunal de selección—, la Delegación del Gobierno andaluz considera que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera "ha vulnerado el artículo 23.2" de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos públicos. En ese sentido, recuerda la Junta de Andalucía "los vicios de nulidad e infracciones al ordenamiento jurídico" que el propio requerimiento detectaba en cuanto a los actos y acuerdos del Consistorio en los hechos en cuestión.

"La Delegación del Gobierno andaluz ha actuado para defender la legalidad y el respeto a los principios constitucionales de acceso a la función pública y la tutela de la independencia e imparcialidad de los órganos de selección", señaló el departamento de Carmen Tovar, que advirtió al respecto de que una "omisión" ante los hechos denunciados por los tres funcionarios expedientados habría supuesto "una dejación de funciones no exenta de responsabilidad".

El requerimiento

En el requerimiento firmado por Carmen Tovar el pasado 30 de marzo se recoge que todo parte del primer ejercicio celebrado el 8 de febrero en el marco del concurso oposición promovido por la Administración local para cubrir, mediante promoción interna, cinco plazas de administrativo.

Dos de los aspirantes, según este documento recogido por Europa Press, fueron declarados "no aptos", pero la secretaria del Tribunal de Selección, y además secretaria del Consistorio, publicó un listado de aprobados en el que figuraba uno de los declarados "no aptos". El presidente del Tribunal de Selección, y varios vocales entre los que figuraban el funcionario del servicio autonómico de Administración Local, reclamaron la aprobación de las actas de admitidos inicialmente acordadas.

De tal manera, el Tribunal analizó las "discrepancias" entre el acta de aprobados de la primera prueba acordada inicialmente y el acta publicada por la secretaria, por lo que finalmente se acordó suspender el ejercicio. A partir de ahí, y siempre según este requerimiento, los miembros del Tribunal de Selección opuestos a la "alteración" de las calificaciones fueron sometidos a "amenazas y presiones".

Así, las recusaciones formuladas contra tres de los miembros del Tribunal de Selección; Javier M.M., María L.P. y Luis B.G., todas ellas aceptadas por la Alcaldía, derivaron en la incoación de expedientes disciplinarios actualmente en curso a cuenta de las supuestas "faltas graves" manifestadas por los afectados en el contenido de sus escritos de oposición a la recusación. El mencionado requerimiento de Carmen Tovar, no obstante, entiende que los miembros del Tribunal fueron víctimas de "coacciones y amenazas" a fin de modificar el resultado de las pruebas de selección, caso que podría ocultar un posible "delito de coacción".

Recusaciones contrarias a derecho

Además, entiende la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento y finalmente aceptadas por la Alcaldía "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones". De cualquier forma, la tramitación de los procedimientos de recusación incurriría en "vicios de nulidad".

Precisamente por ello, entiende el requerimiento que la apertura de expedientes sancionadores contra estos funcionarios es sencillamente "grotesca", pues se sustentan "únicamente" en unas "presuntas injurias o calumnias" de los afectados en sus escritos de oposición a su recusación, mientras "en ningún momento se aprecia en dichos escritos la más mínima ofensa o causa alguna" que motive las medidas disciplinarias.

Tras la recusación de estos tres vocales, la designación de nuevos vocales en el Tribunal de Selección y la solicitud de revisión del ejercicio paralizado por parte del aspirante suspenso desencadenaron su aprobación, toda vez que el único vocal que permanecía contrario a tal aspecto era el funcionario de la Administración autonómica que participaba en el Tribunal de Selección.