PP-A lleva el jueves al Parlamento andaluz el debate sobre cumplimiento íntegro de penas y prisión permanente revisable

Los populares justifican esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la "necesidad de introducir reformas en la legislación penal y penitenciaria para ofrecer una respuesta a la progresiva, y más que justificada, preocupación de la sociedad andaluza y española ante determinados delitos en los que las víctimas y sus familias están en una situación de especial indefensión respecto a sus agresores", como en los casos de Mari Luz Cortés en Huelva y Marta del Castillo en Sevilla.

En concreto, el PP reclama en primer lugar que la Junta inste al Gobierno central a aprobar, "a la mayor brevedad", un plan de "protección integral de las víctimas especialmente vulnerables", que incluya medidas como el cambio de los preceptos del Código Penal relativos al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de forma que "los condenados por los delitos graves (delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual), cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, cumplan íntegramente las condenas que se les haya impuesto".

En el ámbito penitenciario, el Grupo Popular apuesta por "revisar con carácter general el sistema de concesión de grados y otros beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las condenas" por cometer este tipo de delitos. En relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, propone reforzar los grupos de lucha contra el 'cibercrimen'; aumentar los medios materiales y personales de los grupos especializados en protección al menor; o crear un centro de protección de menores 'on line' "para que los menores puedan remitir aquellos correos o mensajes que les resulten sospechosos, de forma que puedan denunciar automáticamente de forma inmediata y sencilla".

En relación a la responsabilidad penal del menor, el PP-A pide "ampliar el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor a los menores de 12 y 13 años que cometan una falta o delito, con el objetivo de que se puedan establecer itinerarios de reinserción y educación que permitan encauzar su conducta; ampliar la duración de las medidas que se impongan a los menores de 14 y 15 años ó de 16 y 17, y, en los casos de comisión de delitos graves, limitar la posibilidad de revisar la medida de internamiento solo cuando haya transcurrido la mitad de su duración y no se hubiese apreciado reincidencia".

Además los populares pretenden "prolongar el tiempo de prescripción, tanto de los delitos como de las medidas e ingreso automático en prisión, al cumplir los 18 años de todos aquellos menores que hayan cometido un delito con 16 ó 17 años y estén cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado", así como "garantizar la intervención de la víctima del delito en la decisión que el juez adopte respecto al cumplimiento de la medida de internamiento cerrado en centros penitenciarios una vez que el menor haya alcanzado la mayoría de edad".