Con respecto a Catalunya, consideró que el Estatut atribuye a la Generalitat competencias exclusivas sobre las obras hidráulicas de interés general, "lo cual entra en contradicción con el artículo 149 de la UE, que las declara de competencia exclusiva estatal, tal y como ha ratificado el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988 tanto en cuencas supra como intracomunitarias".

Del Campo advirtió de que se está creando un modelo autonómico "insolidario", donde las guerras del agua serán una constante, ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses. El presidente de los regantes defendió una distribución técnica y no política del agua: "La peor contaminación de los ríos es la contaminación política", manifestó.

A través de un repaso por los contenidos de las distintas reformas estatutarias, Del Campo calificó de "error político" dividir los ríos de forma artificial por tramos autonómicos, con un régimen diferente para cada comunidad, cuando en realidad la Constitución y la propia Ley de Aguas reconocen que "el agua es de todos los españoles y no de quién la tiene más cerca".

Los regantes, que sostienen una estrategia clara de que "el agua se debe trasvasar sin perjuicio de la cuenca excedente", vaticinan conflictos importantes entre cuencas. Aragón propugna la gestión individualizada del tramo autonómico del Ebro; Andalucía asume competencias exclusivas en el Guadalquivir sin esperar a que se resuelva el recurso de inconsitucionalidad planteado contra su Estatuto, mientras Castilla y León reivindica la gestión del Duero y Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar.

Ante este escenario, Andrés del Campo recordó que "la unidad de cuenca ha vertebrado el territorio durante décadas, y de hecho la Unión Europea la ha asumido como modelo en su normativa".

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, consideró lícito que las autonomías defiendan sus intereses políticos, pues "el control de un recurso escaso como el agua es esencial para cualquier estrategia de desarrollo".

No obstante, recordó que "la legislación es muy clara" y la prioridad es "que nadie tenga problemas de abastecimiento; los políticos estamos para resolver problemas y no para crearlos". Puxeu se mostró partidario del diálogo y del sentido común, "siempre desde la prioridad de garantizar el suministro".