El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicente González Móstoles manifestó hoy que ante la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano de El Cabanyal "reverdece" el planeamiento anterior, por lo que aseveró que se puede "perfectamente desarrollar cualquier acción edificatoria pública y privada en tanto se resuelve el litigio jurídico", un extremo que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, negó, puesto que, recalcó, el decreto del Gobierno paraliza todas las actuaciones en el ámbito del PEPRI.

González Móstoles explicó, en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Grandes Proyectos, Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento, que anteriormente al PEPRI "había un plan general que delimitaba una zona llamada Conjunto Histórico Protegido CHP2 en dos fichas" denominadas M4 —relativa al Cabanyal-Canyamelar— y M3 —sobre el Paseo Marítimo— y agregó que con las normas urbanísticas que contiene este planeamiento "se pueden otorgar las licencias oportunas".

Calificó de "paradoja" esta situación, ya que aunque admitió que se podrían dar licencias de derribo también se podrían conceder de construcción en el bulevar San Pedro, una de las zonas más afectadas por el PEPRI, siempre que se respeten las normas del plan general. Remarcó que es un "principio de derecho inamovible que cuando un documento se cae, no se cae en la nada" puesto que siempre "nos quedará el planeamiento anterior".

Así, insistió en que se pueden ejecutar los contenidos del plan en cuanto a rehabilitación, urbanización y construcción de nuevas viviendas, de forma que se podría dar la situación de que un afectado por el derribo de su vivienda solicitara una licencia de rehabilitación o construcción.

Bellver, por su parte, negó esta interpretación, puesto que, dijo, lo que hay actualmente es una suspensión del planeamiento y remarcó que el decreto ministerial "paraliza todas las actuaciones en todo el ámbito del PEPRI". "No hacer esta interpretación supondría que se podrían conceder licencias de derribo de edificios que los técnicos dicen que tienen que estar protegidos", aseveró.

Al respecto, aclaró que si prevaleciera el plan general "nos podríamos encontrar con situaciones" que la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "no querría", ya que hay más de cien viviendas, incluida la Casa dels Bous, que no están protegidas en el anterior planeamiento y sí en el PEPRI, por lo que si "hiciéramos lo que pretende el concejal González Móstoles sería permitir el derribo de esas cien viviendas".

Explicó que no se trata de una situación "excepcional" puesto que cuando se está redactando un planeamiento se produce una suspensión de todo tipo de intervenciones.

CIRCULAR

Asimismo, indicó que el Ayuntamiento está acatando la orden del Gobierno en cuanto a paralizar las actuaciones y comunicar esta situación a los interesados. Al respecto, reconoció la existencia de una circular de la secretaría de Urbanismo por la que se ordena la tramitación de todos los expedientes relacionados con El Cabanyal y, "en el último momento, antes de la firma", su remisión a la citada secretaría para que sea ésta, en base al decreto de suspensión del PEPRI, la que paralice las actuaciones y se ocupe de notificarlo.

"La secretaría del área de Urbanismo dice que la tramitación se tiene que llevar hasta el último momento", insistió. Bellver se pronunció de esta manera después de que González Móstoles informara de la existencia de esa circular, que, según señaló, "se remite exclusivamente a los expedientes iniciados" y especifica que se proseguirá su tramitación "absteniéndose cada servicio de someterlo al órgano competente para su resolución".

El concejal socialista señaló que la circular municipal realiza una "interpretación de mínimos" del decreto del Ejecutivo estatal y señaló que hubiera dado "una imagen de más rigor simplemente haber paralizado todas las actuaciones en el momento en que estuvieran y comunicárselo a los interesados, que es lo que dice la declaración de expoliación por la orden del Ministerio de Cultura del 29 de diciembre".

"No es así y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de que los documentos que están en trámite vayan adelante y, por ejemplo, una licencia de derribo llegue hasta el momento de otorgarla, pero se retira del orden del día", lo que supone un "error táctico que puede dar lugar a una situación de intimidación que no sería deseable", indicó González Móstoles.

Jardines de monforte y botellón tarongers

Por otro lado, Bellver señaló que no ha recibido ninguna comunicación de denuncia por parte de la Fiscalía de Valencia por un supuesto delito de prevaricación y contra el patrimonio por la actuación prevista para derribar parte del muro de los jardines de Monforte, y recalcó que nunca en sus años de concejal de Urbanismo ha firmado "ni un solo expediente que no llevara el conforme de todos los técnicos municipales" porque eso, dijo, "es lo que garantiza que estoy tomando decisiones ajustadas a Derecho", y "es lo que voy a seguir haciendo", aseveró.

Preguntado por el posible vallado del campus universitario de Tarongers para evitar los botellones en esa zona, afirmó que la Concejalía de Urbanismo no va a realizar ninguna actuación en ese sentido "en tanto en cuanto no se presente ninguna propuesta", algo que no se ha producido por parte del equipo rectoral, apuntó.