Ijalba explicó que este informe fue solicitado "de oficio" por el Juzgado hace 10 días, dentro de la imputación contra el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, por el caso de la Ecociudad. El texto se remitió el viernes "y hoy está previsto que se vaya notificando a las partes".

El concejal hizo especial hincapié en que se trata de una valoración "exclusivamente técnica, con los parámetros de la Ley del Suelo", que, a su juicio, ha arrojado "un resultado esclarecedor: la horquilla de precios va de 0,3 a 2,5 euros el metro cuadrado, usando los baremos de la normativa, que entró en vigor en 2007".

"De este modo, el precio más alto que se podrá pagar es tres veces más bajo que el ya pagado por el IRVI por los primeros terrenos que compraron, a 9 euros el metro, pero es que, además, es 20 veces más bajo que lo que se pretendía pagar ahora, a 46,8 euros el metro cuadrado", resaltó.

Mostró, sin embargo, su "preocupación, por las noticias que dicen que el consejero e incluso el presidente apuntaban que esta decisión es coyuntural y temporal, y que se sigue adelante con la intención de que la Comunidad participe activamente en la compra de los terrenos de El Corvo".

Para Ijalba, las cifras que da el informe demuestran que "la actuación de recalificación del Monte y la actuación de la administración riojana es un pelotazo urbanístico, en el que sólo se buscaba pagar un sobreprecio muy elevado a dos empresas que, hace sólo cuatro años, compraron los terrenos a precios irrisorios".

Por otro lado, también consideró que el informe apunta que "tanto el consejero Antonino Burgos como los consejeros del IRVI, entre los que está la concejala del PP Mar San Martín, actuaron con irresponsabilidad al votar a favor de la compra a 9 euros el metro y a la posibilidad de ejercer el derecho de compra a 46 euros el metro cuadrado, que ahora se descarta".

Especialmente en el caso de San Martín, el concejal de Desarrollo Urbano afirmó que "actúa en total connivencia" con el Gobierno regional "ya que, como anterior concejala de Vivienda, conocía perfectamente la Ley del Suelo y sus parámetros de valoración, sabía que era sobreprecio".CONVENIO.

A todo ello, Ijalba sumó que, pese a que se ha descartado la compra de los terrenos por el momento, "no se dice nada del convenio entre la Comunidad y las empresas Progea y LMB, en el que, en primer lugar, se establece el sistema de actuación por compensación, cuando lo habitual es la expropiación".

Sin embargo, se mostró preocupado sobre todo "porque este acuerdo establece que el Gobierno de La Rioja, independientemente del IRVI, está obligado a un desembolso en el futuro para la urbanización". Por ello, pidió que se anule este convenio "porque va a tener que pagar y no va a tener nada".

Gómez Ijalba recordó que hay varios procesos contencioso-administrativos pendientes por este tema, tanto por la decisión de declaración supramunicipal del proyecto como por la aprobación inicial y definitiva de interés regional y por las bases y estatutos de la Junta de Compensación.

En esta situación, opinó que "es necesario que el Gobierno dé nuevos pasos, que obligatoriamente dé marcha atrás porque se demuestra el pelotazo urbanístico, con beneficios desproporcionados para dos empresas". Por contra, defendió la apuesta municipal de "reforestación del Monte" y que, si se llega a urbanizar "se haga en los terrenos adecuados".