El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la supresión de un total de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas de las 106 con participación mayoritaria del Estado en el marco del plan de racionalización del sector público que se incluye en el plan de austeridad para reducir el déficit a niveles más cercanos al 3 por ciento.

En la rueda de prensa en la que se anunciaron estas medidas, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, indicó que el Ejecutivo en ningún caso va a "forzar" a comunidades autónomas y ayuntamientos a llevar a cabo recortes parecidos, ya que ello supondría "inmiscuirse" en sus competencias.

Por el momento, las autonomías no parecen muy dispuestas a seguir al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, bien por considerar que no es necesario o porque argumentan que ya han tomado medidas al respecto en esta legislatura.

Sólo Extremadura y Murcia han coincido en el tiempo con el Gobierno en medidas de este tipo. La primera anunció en marzo un recorte de un 10 por ciento tanto en el número de altos cargos como el de personal eventual, lo que se traduciría en prescindir de ocho altos cargos y de 16 trabajadores que tienen la consideración de personal eventual, mientras que la segunda hizo pública esta misma semana un nuevo plan de austeridad centrado en las políticas de personal con la previsión de ahorrar 25 millones de euros al año.

Por su parte, el Gobierno cántabro señaló también esta semana que está analizando la posibilidad de hacer "algún ajuste" de gasto en altos cargos de la administración, pero no adelantó a cuántos podría afectar y cuál sería el ahorro.

Recortes en esta legislatura

Otras comunidades argumentan que ya tomaron medidas similares en el pasado. Canarias, por ejemplo, es la quinta autonomía con menos cargos públicos, con 130. En 2008 recortó un 40 por ciento de gastos corrientes y congeló los complementos a los trabajadores de la administración así como el salario de los altos cargos del Gobierno regional, mientras que el año siguiente redujo los gastos de personal un 1,7 por ciento.

Madrid es una de las comunidades que mayor reducción de altos cargos ha hecho durante esta legislatura. En las cuatro crisis de Gobierno que ha habido en tres años, las consejerías se han quedado en nueve. En la última remodelación, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, explicó que su objetivo era reducir consejerías y lograr mayor austeridad en la Administración.

La Rioja redujo en 2009 el número de gerentes y directores generales, por lo que ha anunciado que no tiene previsto realizar más recortes, mientras que el Gobierno balear anunció en abril un ahorro de 1,7 millones anuales tras suprimir 29 altos cargos, de los cuales 23, incluidos dos consejeros corresponden a la remodelación que se llevó a cabo tras la expulsión de los cargos ejecutivos de Unió Mallorquina (UM) y que suponen un ahorro a las arcas públicas de 1,4 millones.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha pasó de 15 a 11 miembros al iniciar esta legislatura en 2007, lo que supuso un ahorro del 26 por ciento de cargos y el presidente regional, José María Barreda, aseguró entonces que la reducción también se ampliaría a las direcciones generales y a las delegaciones provinciales.

Alberto Núñez Feijóo tomó medidas similares al llegar a la Presidencia de la Xunta de Galicia hace poco más de un año, reduciendo las consejerías de 13 a 10, disminuyendo el número de asesores en un 26 por ciento y recortando el 50 por ciento de altos cargos, a los que se disminuyó el sueldo un 3 por ciento.

Rechazo en valencia a reducir el 25%

En la Comunidad Valenciana afirman que ya se adelantaron al Ejecutivo en la presentación de un plan de austeridad para reducir el gasto público y que estos cambios ya quedaron plasmados en sus presupuestos. Además, el PP hizo válida esta semana su mayoría absoluta en las Cortes regionales para rechazar una proposición no de ley presentada por Compromís para reducir al menos un 25 por ciento el número de altos cargos y asesores.

El Gobierno de Navarra, por su parte, acordó en septiembre reducir el número de unidades administrativas de sus departamentos y sus organismos autónomos en un 10 por ciento, lo que equivale a la supresión de 128 jefaturas, como medida para luchar contra la crisis económica. Poco después redujo de 12 a 10 el número de consejerías. Mientras, Castilla y León insiste en que la comunidad se encuentra por debajo de la media nacional en número de altos cargos.

Otro argumento que han esgrimido algunas comunidades autónomas es que su administración ya está lo suficientemente reducida. Asturias, por ejemplo, ya indicó en abril que el Gobierno tiene una estructura "medida, acotada y con el mínimo imprescindible", por lo que considera que ya está haciendo un esfuerzo de austeridad.