Esta postura se basa, además, en que el documento ministerial no recoge ninguna de las propuestas planteadas por las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas con Gobiernos del Partido Popular. En este sentido, Alegre considera que para haber podido alcanzar "un verdadero pacto de Estado" éste tenía que haber planteado algunos de "nuestros objetivos irrenunciables como calidad, la igualdad, la vertebración y la ampliación de las libertades educativas".

Según explicó el consejero de Educación, el texto "no contempla medidas para acabar con el fracaso escolar, que en el conjunto de España ya alcanza el 30 por ciento; ni garantiza que el castellano, como idioma oficial del país, sea una lengua vehicular en todas las etapas educativas".

Además Alegre también indicó que no regula "el necesario sistema educativo vertebrado y cohesionado que establezca la existencia de unas enseñanzas comunes en toda España". Sobre esta cuestión, Alegre recordó algunas cuestiones que le habían planteado al ministro Gabilondo en las reuniones previstas y que se han ignorado en el documento como "el mantenimiento del actual sistema nacional de becas, la garantía de la libertad de los padres de elegir el tipo de educación y centro para sus hijos o un verdadero sistema nacional de evaluación".

Asimismo, según el consejero, otros de los asuntos fundamentales que el Ministerio se ha pasado por alto es todo lo referido al respaldo de la función docente, como el mantenimiento de los Cuerpos Nacionales del Profesorado; la profesionalización de la función directiva o el reconocimiento del profesor como autoridad pública. Además, se ha ignorado el modelo de Bachillerato de tres años o el Plan extraordinario de FP.

Por todo ello, el consejero de Educación consideró que este documento del Ministerio "no tiene categoría de pacto estatal".