El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), ha solicitado a la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia que emita "un nuevo informe" en cuanto al caso de los tres funcionarios municipales expedientados, dado que el Gobierno local entiende que el mencionado informe no incluye las tesis del Consistorio y "se limita a efectuar una serie de juicios subjetivos bastante vejatorios" para la Administración local.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Morón aseguró que es "rotundamente falso" que los expedientes disciplinarios incoados contra estos tres funcionarios obedezcan a su supuesta negativa a "alterar unas oposiciones", lamentando además que se haya "filtrado" a los medios de comunicación el requerimiento formalizado al respecto por la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar.

Este requerimiento firmado por Tovar el 30 de marzo de 2010 y recogido por Europa Press, recoge que todo parte del primer ejercicio celebrado el 8 de febrero en el marco del concurso oposición promovido por la Administración local para cubrir, mediante la promoción interna, cinco plazas de administrativo.

Dos de los aspirantes, según este documento, fueron declarados "no aptos", pero la secretaria del Tribunal de Selección, y además secretaria del Consistorio, publicó un listado de aprobados en el que figuraba uno de los declarados "no aptos". El presidente del Tribunal de Selección reclamó, de su lado, la aprobación de las actas de admitidos inicialmente acordadas. El 22 de febrero, día en el que se celebraba la segunda prueba del concurso oposición, el área de Cultura convocó al presidente del organismo de forma "no justificada", motivando que el Tribunal de Selección se constituyese con una Presidencia suplente.

Expedientes por "faltas graves" en sus alegaciones a la recusación

De tal manera, el Tribunal analizó las "discrepancias" entre el acta de aprobados de la primera prueba acordada inicialmente y el acta publicada por la secretaria, por lo que finalmente se acordó suspender el segundo ejercicio. A partir de ahí, los miembros del Tribunal de Selección opuestos a la "alteración" de las calificaciones fueron sometidos a "amenazas y presiones".

En ese sentido, las recusaciones formuladas contra tres de los miembros del Tribunal de Selección; Javier M.M., María L.P. y Luis B.G., todas ellas aceptadas por la Alcaldía, derivaron en la incoación de expedientes disciplinarios actualmente en curso a cuenta de las supuestas "faltas graves" manifestadas por los afectados en el contenido de sus escritos de oposición a la recusación. El mencionado requerimiento de Carmen Tovar, no obstante, entiende que los miembros del Tribunal fueron víctimas de "coacciones y amenazas" a fin de modificar el resultado de las pruebas de selección, caso que podría ocultar un posible "delito de coacción".

Recusaciones contrarias a derecho

Además, entiende la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento y finalmente aceptadas por la Alcaldía "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones". de cualquier forma, la tramitación de los procedimientos de recusación incurriría en "vicios de nulidad".

El ayuntamiento reacciona

Precisamente por ello, entiende el requerimiento que la apertura de expedientes sancionadores contra estos funcionarios es sencillamente "grotesca", pues se sustentan "únicamente" en unas "presuntas injurias o calumnias" de los afectados en sus escritos de oposición a su recusación, mientras "en ningún momento se aprecia en dichos escritos la más mínima ofensa o causa alguna" que motive las medidas disciplinarias.

El Gobierno municipal, no obstante, advierte de que el informe del Servicio de Administración Local del que parte el requerimiento se "limita a efectuar una serie de juicios subjetivos, sin apoyo jurídico y bastante vejatorios para este Ayuntamiento", sobre todo porque parte de lo que se deduce de "los escritos de los tres funcionarios" expedientados, pero "no se solicita información" al Ayuntamiento.

Por eso, pide al Ayuntamiento al departamento de Tovar "un nuevo informe con la misma premura que actuó en su día" ante los escritos de los funcionarios, pero "teniendo en cuenta los expedientes que nunca pidió" y aclarando los "preceptos legales" seguidos para actuar ante la denuncia de los funcionarios expedientados. Y es que el Ayuntamiento entiende que el informe firmado por Tovar constituye "un gran descrédito, demérito y daño" al Consistorio y sus organismos.