En declaraciones a los periodistas, el portavoz de IU en el gobierno municipal, Francisco Tejada, manifestó que el PP planteó alegaciones al presupuesto porque "prefiere defender el interés de cuatro personas frente a los intereses de la ciudad" y con el propósito de obtener ventaja política, el PP está viendo la posibilidad de recurrir las cuentas municipales ante los tribunales.

Al respecto, el primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Rafael Blanco, dijo igualmente que el PP ha presentado alegaciones para que la aprobación se hiciera lo más tarde posible y porque el presupuesto contempla "la pérdida de cuatro liberaciones de concejales del PP". Por ello, consideró que "el gran problema que el PP le ve al presupuesto es su interés particular, ya que cuatro concejales del PP pasarán de tener una liberación total a una liberación parcial con asistencia a Pleno".

Sobre este asunto, el portavoz municipal del PP, José Antonio Nieto, afirmó que son unos presupuestos "bajo sospecha, con unos indicios razonables de presunta ilegalidad en algunos aspectos". Dijo que el PP ha hecho lo posible para que se resuelva en el ámbito político y administrativo, pero, no obstante, buscarán "amparo en el ámbito jurisdiccional para que Córdoba tenga unos presupuestos que se ajusten a la legalidad y cumplan con los requisitos".

Para Nieto, "cuando no se cumplen las normas, se acaba en situaciones como las que se han dado en otros países, como en Grecia, con efectos dramáticos en la sociedad", por lo que insistió en que "al final, si no se respetan las normas, se llega a una situación extrema".

El presupuesto consolidado contempla 410,6 millones de euros en ingresos y 408,9 millones de euros en gastos, lo que supone un superávit de algo más de un millón de euros.

Parcelas ilegales

Por otro lado, IU y PSOE presentaron una enmienda a una moción del PP para crear una comisión de investigación para analizar la evolución del proceso de parcelaciones en la ciudad desde el PGOU de 1986. Frente a ello, el Pleno aprobó la enmienda de IU y PSOE, que establece residenciar en la comisión de parcelaciones del PGOU todas las cuestiones que los distintos miembros de la misma puedan plantear con relación a las mismas.

Al respecto, Francisco Tejada dijo que cuando gobernó el PP en la ciudad, se produjo un proceso parcelatorio "muy intenso y más amplio de lo que se ha producido en otros momentos a partir del PGOU de 1986", mientras que Rafael Blanco señaló que "estas comisiones son para enturbiar y desviar la atención sobre un tema".

El concejal socialista insistió en que el Ayuntamiento ya dispone de una comisión de parcelaciones con representación de los partidos, vecinos y ecologistas. Subrayó además que "los cuatro años de mandato del PP fue el periodo de mayor incremento parcelatorio ilegal de todos los tiempos porque la permisividad fue absoluta y se miró para otro lado".

Al respecto, Nieto subrayó que está cansado de que se "mienta sobre las parcelaciones, se intente buscar culpables en la oposición, en la sociedad o en los propios vecinos y nunca se asuma la responsabilidad por parte del gobierno municipal". Para el PP, "la forma de atajar la situación es que se investigue y ver cuál ha sido el papel de cada partido".

Finalmente, el Pleno rechazó también una moción del PP sobre las empresas municipales que, entre otros puntos, pedía al Ayuntamiento un plan de gestión para evitar la "quiebra del sector público local", y reorganizar la gestión para reducir los "elevados costes".

Según Nieto, la situación económica de las empresas municipales "es límite" y lamentó que no se esté haciendo nada para poder corregirlo. El portavoz popular aclaró que su objetivo es dar estabilidad a las empresas y trabajadores porque están mal dirigidas por los responsables políticos. Añadió que en un estado de "crisis profunda no se puede actuar como en época de bonanza tal y como está haciendo el gobierno municipal".

Al respecto, Tejada respondió que el PP "está desarrollando una estrategia para desprestigiar a las empresas municipales y está falseando datos en cuanto al resultado de explotación, pérdidas y endeudamiento de las empresas municipales". Por su parte, Blanco considera que el PP pretende la privatización de estas empresas y se mostró a favor de que "los servicios fundamentales que se prestan al ciudadano sea desde el sector público".