Opositores al almacén en Zarra creen que es un "caramelo envenenado" y reclaman al Consell que se pronuncie

El alcalde de la localidad valenciana de Ayora, Manuel López, calificó hoy de "caramelo envenenado" el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el municipio vecino de Zarra, al tiempo que representantes de la Plataforma Anticementerio Nuclear en la población reclamaron al Consell que se pronuncie.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, que recibió hoy a los opositores a la instalación del ATC en Zarra, aseguró hoy que trasladará al Gobierno Central, que es el competente para decidir esta cuestión, sus opiniones.

El alcalde indicó que el almacén "no es beneficioso para el Valle; es un caramelo envenenado" y resaltó que en la zona se apuesta por el turismo rural "que estamos desarrollando a nivel de comarca".

Asimismo, resaltó que hay "razones medioambientales, económicas y de todo tipo" para que el almacén no se ubique en el valle de Ayora e indicó que en Zarra "hay parte" que defiende la instalación "y parte que no, como en todo el valle".

Igualmente, admitió que Peralta no se pudo pronunciar sobre la cuestión, al ser "parte del Gobierno", pero subrayó que la intención de la reunión erea explicarle "de primera mano" sus razones.

Por su parte, Pepe Cerdá, de la Plataforma Anticementerio Nuclear, indicó que su preocupación radica en que "políticamente, nuestro Consell está callado" y "se lo estamos poniendo muy fácil al Gobierno Central para que tome la decisión de Zarra".

De este modo, indicó que el almacén es "lo que el Gobierno catalán y el Gobierno de Castilla La Mancha no quiere para sus pueblos" e insistió en que "no podemos entender por qué el Gobierno Valenciano está callado y no se pronuncia".

Recordó que el PSPV "ha salido diciendo que rechaza estas instalaciones para Valencia y pedimos lo mismo para el Consell", recalcó. Según explicó, han enviado las alegaciones a la Generalitat y una carta al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidiéndole que se posicione.

También informó de que van a pedir una reunión con el Consell y señaló que existe una resolución aprobada por las Corts Valencianes que rechaza la ubicación en la Comunitat de este tipo de instalaciones.

En su opinión, si la decisión se tomara por cuestiones técnicas "estaríamos muy tranquilos, porque aquí no vendría", ya que "los terrenos son parajes naturales" y constituyen "la mayor extensión de pinos de toda la provincia de Valencia", al tiempo que están "sobre el acuífero que abastece a 16 pueblos".

Cerdá aseguró que el impacto ambiental "sería enorme" y repercutiría "no sólo en Ayora, sino en toda Valencia, ya que dista de la capital 74 kilómetros, recordó. También se mostró convencido de que afectará negativamente a sectores como la agricultura o el turismo.

Las entidades tienen prevista una manifestación convocada en Valencia bajo el lema 'No al cementeri nuclear a Zarra', e invitó a los ciudadanos a participar.

Por su parte, el secretario general de la agrupación local del PSPV en Zarra, Vicente Pérez, recordó la oposición que el partido ha mostrado al proyecto "desde el primer día" por considerarlo "un disparate" y lamentó que se pretende realizar "sin el consenso de los ciudadanos".

Afirmó que lo que "subyace" es un "proyecto urbanístico" y añadió que el alcalde de Zarra es "conocido en el mundo mundial por sus implicaciones en proyectos urbanísticos y de alguna otra índole y que se encuentra imputado en procedimientos judiciales".

También rechazó que económicamente vaya a ayudar a Zarra, porque la población "necesita proyectos sostenibles y no un proyecto que lo desequilibre".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, recordó que el ejecutivo central planteó que los municipios que estuvieran interesados en una instalación de este tipo "lo hicieran saber y se presentaron distintas solicitudes en el ámbito del Estado español".

También incidió en que la voluntad de solicitarlo no conlleva la adjudicación, sino que además se tienen que reunir los requisitos técnicos que el propio Gobierno fijó "y a partir de esa voluntariedad en la solicitud de la instalación se está llevando a cabo un procedimiento de examen y verificación de que concurren los requisitos técnicos oportunos". Actualmente, recordó, son ocho los municipios que continúan en el proceso.

Proceso no cerrado

Peralta trasladó a los opositores que el procedimiento "no está cerrado, que no hay ninguna decisión tomada y que, por tanto, las alegaciones que ya han presentado en su momento, así como razones que hoy me han trasladado, serán remitidas a Madrid al objeto de que sean tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión definitiva".

En cualquier caso, remarcó que aunque las opiniones y razones contrarias se consideran "adicionales" y serán tenidas en cuenta, la "voluntad inicial que cuenta es la voluntad de los municipios que han manifestado que quieren estar, así como la de todos aquellos que han manifestado que no querían estar".

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