Según informó la nueva Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS) en una nota, aunque en un principio y salvo lo que pueda resolverse en los recursos que se interpongan, la Mancomunidad asumirá las indemnizaciones a los referidos trabajadores que habrían sido despedidos "de forma improcedente", aunque en un principio, y salvo lo que pueda resolverse en los recursos que se interpongan, "éstos estarán incluidos en la liquidación de la entidad cuando definitivamente se resuelva".

Asimismo recordaron que la Mancomunidad de Aguas del Condado se encuentra en la actualidad inmersa en un proceso de liquidación.

Desde la puesta en marcha del nuevo organismo supramunicipal, el

pasado 1 de enero, MAS sólo ha encontrado en el camino "un único litigio laboral, que es el correspondiente al municipio de Lepe".

En esa ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, "otorgó la razón a la Mancomunidad y obligó al consistorio lepero a reabrir la negociación con MAS en cuanto al proceso de liquidación y a asumir a buena parte de los trabajadores de Giahsa adscritos a este municipio".

Por ello, para los responsables de Giahsa, no procede bajo ningún concepto "asumir las cargas laborales de unas poblaciones en las que se ha dejado de prestar el servicio", como son Bollullos y La Palma.

Una de las premisas básicas de MAS pasa por "mantener los costes laborales en función del compromiso de calidad en el servicio adquirido con los 70 ayuntamientos que actualmente la conforman".

De este modo, indicaron que "asumir trabajadores de municipios a los que no se presta servicio alguno supondría una seria rémora para el equilibrio económico de la empresa pública Giahsa y, sobre todo, para la estabilidad y el futuro de sus más de 400 trabajadores".