La Mesa del Parlamento andaluz rechazó hoy, con los votos del PSOE-A, un total de cinco preguntas orales registradas por el PP-A, para su formulación en la sesión de control al Ejecutivo andaluz en el próximo Pleno del Parlamento, argumentado que el Reglamento de la Cámara recoge que no se admitirán a trámite preguntas que ya hayan sido planteadas en el mismo periodo de sesiones.

En concreto, los socialistas aluden al artículo 167.2 del Reglamento en el que figura que "no se admitirán a trámite interpelaciones relativas a materias que ya hayan sido objeto de esta iniciativa en el mismo período de sesiones, ni preguntas orales que interroguen sobre cuestiones que hubieran sido objeto de anterior respuesta en igual lapso de tiempo".

Asimismo, en el citado artículo se añade que "en este último caso, cuando quien formule la pregunta sea persona física o jurídica, los servicios de la Cámara le facilitarán copia de la respuesta anteriormente proporcionada o los datos que permiten su identificación".

En su intervención en la Junta de Portavoces, la portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, indicó que las preguntas que han sido rechazadas por la Mesa del Parlamento se referían a la 'deuda histórica', a la 'Operación Poniente' en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), a la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), al portal de la Consejería de Vivienda y a las consecuencias de la futura subida del IVA en la creación de empleo.

Oña se preguntó si este artículo del Reglamento de la Cámara sólo se aplica a su formación dado que entre las preguntas orales que irán al próximo Pleno del Parlamento se recoge una del grupo socialista sobre el paro, "una pregunta que ya se ha formulado en más ocasiones". "¿Hoy se empieza a aplicar este artículo y sólo al PP?", se preguntó también la portavoz 'popular', quien consideró este hecho como "una absoluta barbaridad sin precedentes" que recorta "la libertad" de su formación.

En esta línea, afirmó que el PSOE-A actúa como una "apisonadora política", a la que cuando no le gusta algo "lo aplasta", añadiendo que el rechazo de estas preguntas es "absurdo", puesto que no son las mismas que las formuladas con anterioridad al tener una "perspectiva diferente".

"No se nos puede prohibir que preguntemos las veces que consideremos necesarias sobre asuntos como la deuda histórica o la Operación Poniente en los que se están produciendo cambios", manifestó Oña, quien aseguró no haber visto "una cosa igual" en la Cámara andaluza. "¿Se trata de una nueva moda o este es el cambio que ha llevado a cabo el PSOE-A y que supone poner una mordaza al PP?", se preguntó.

Por último, indicó que su formación va a recurrir esta decisión, para lo que cuenta con un plazo de 48 horas. "Ustedes nos dicen que recurramos lo que consideramos un abuso y lo vamos a hacer pero queremos saber en base a qué informe jurídico han llevado a cabo esta decisión", apostilló.

Psoe dice que "no hay lugar a dudas"

En su turno de palabra, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, manifestó que las declaraciones de Oña suponen una "falta de consideración" hacia el funcionamiento de la Cámara andaluza y de su Mesa. "Con el artículo 167.2 no hay lugar a dudas, por lo que el PP no puede decir que hay una mordaza o un recorte de derechos"", afirmó.

Al hilo de ello, el portavoz socialista insistió en que detrás de esta decisión no hay "ningún capricho", sino una "fundamentación jurídica". Y es que, a según dijo, se ha hecho una interpretación correcta, por lo que todo lo que asegura el PP no son más que "juegos florales". "Lo que quieren es convertir el Parlamento en un banquillo de acusados", agregó.

En esta línea, indicó que si los 'populares' lo consideran oportuno pueden recurrir esta decisión a la jurisprudencia que fija el Tribunal Constitucional, "así verán que no es un capricho, sino una interpretación atinada del derecho, de la que hacen una lectura torticera".

Por último, el portavoz adjunto de IULV-CA Pedro Vaquero, quien también quiso manifestarse sobre esta polémica, aseguró que su formación considera que correspondería interpretar el Reglamento de la Cámara en un sentido "más flexible y no tan literal".