En este sentido, el titular de Solidaridad y Ciudadanía recordó en un comunicado que el sistema SIVE falló en noviembre del año pasado, cuando no detectó una embarcación con once inmigrantes a bordo, que fue avistada por un pesquero a 28 millas del litoral de Torrevieja (Alicante).

El conseller indicó que durante este invierno no ha llegado ninguna embarcación al litoral de la Comunitat Valenciana, pero advirtió de que la llegada del buen tiempo "puede traer inmigrantes a nuestras costas" y, en este sentido, recordó que la primera patera del pasado año llegó a Alicante a principios del mes de junio.

Asimismo, Rafael Blasco señaló que espera que el sistema de vigilancia SIVE esté ya operativo en las tres provincias de la Comunitat, y no solo en Alicante. "El mes de noviembre pasado, el Ministerio de Interior nos comunicó, en nombre del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, la recepción de los equipos del SIVE en Valencia y Castellón, asegurándonos que, tras esto, el Sistema estaría listo para entrar en funcionamiento y dar cobertura a todo el litoral de la Comunitat, así que esperamos que esté ya operativo en todo el territorio valenciano", manifestó.

Según datos de la Generalitat, el pasado año llegaron 12 pateras con 99 inmigrantes a bordo al litoral valenciano. La primera embarcación arribó a principios de junio y desde ese momento "el goteo fue constante" hasta mediados de noviembre cuando la llegada del invierno frenó la aparición de pateras. En total, desde 2007 han llegado 28 pateras y 265 inmigrantes al litoral de la Comunitat Valenciana.

Según Rafael Blasco, "los datos demuestran que, por desgracia, la Comunitat se ha convertido en puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa y el Gobierno de España debe adoptar ya una solución real y efectiva que ataje de una vez este problema".

En su opinión, "la situación se hace cada vez más compleja y el Gobierno de Zapatero, en lugar de adoptar medidas, recorta cada vez más la financiación para la inmigración y delega toda la atención a los inmigrantes irregulares en las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos".

"El recorte del 65 por ciento del Fondo de Acogida e Inmigración aprobado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para este año, pone en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad", concluyó el conseller.