El inicio de esta causa se produjo después de que la presidenta de la UMEC, María Fernández Pino, presentara informes sobre supuestas manipulaciones en el sistema informático por parte de la directiva que la sustituyó, así como destrucción de documentos, después de que la anterior directiva denunciara la gestión en el ejercicio 2006 y los meses de enero a septiembre de 2007 en la UMEC, perteneciente a Fernández Pino.

Según la UMEC, el propio auto "reconoce y confirma que los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2007 son constitutivos de un delito penal, si bien se acuerda el sobreseimiento por no poder determinar las personas autoras del mismo".

Por ello, la Unión de Empresarias ha presentado un recurso a dicho auto al entender que "existen medios para localizar e identificar a los autores, tanto con la investigación policial que se está llevando a cabo, como por los diferentes testimonios que pueden acreditar quienes tuvieron la oportunidad de destruir los archivos contables, pero, sobre todo, por la innegable relación que estos hechos tienen con otros procedimientos de instrucción en curso".

El origen

Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimó el recurso de apelación que interpuso la presidenta de la Unión de Mujeres Empresarias de Córdoba (UMEC), María Fernández Pino, después de que un juez de Instrucción desestimara también archivar la investigación sobre su gestión en el ejercicio 2006 y los meses de enero a septiembre de 2007 en la UMEC.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el recurso planteado con pretensión de que sean archivadas las actuaciones, "carece de fundamento a tenor del material probatorio y de las exhaustivas explicaciones que el instructor ofrece en su fundada resolución de rechazar este propósito".

Señala además que, "como bien dice el ministerio fiscal, existen atisbos de que por parte de Fernández Pino ha habido una gestión desleal distrayendo metálico de la UMEC, lo que no implica que el mismo haya sido absolutamente distraído en su propio beneficio, entre otras cosas porque tal requisito no es elemento esencial de tipo penal".

En este sentido, añade que "tanto la pericial y documental practicada hasta el momento, junto con cierta testifical, ponen en alerta al instructor de la presumible infracción de los deberes de fidelidad en el ejercicio de las obligaciones de su cargo asociativo, que cuanto menos habrán de valorarse, con mayores elementos de juicio, en otro estadio procesal que no es el que ahora atraviesa la presente causa".

En el pasado mes de junio Fernández Pino pidió el archivo de la investigación sobre el resultado de las cuentas durante su gestión en el ejercicio 2006 y los meses de enero a septiembre de 2007, fecha ésta última en la que dejó la asociación para pasar a ser coordinadora general de Hacienda del Ayuntamiento, cargo que abandonó.

Para ello, presentaron un escrito en el juzgado de instrucción que adjunta una serie de pruebas de carácter técnico, basado en informes de consultores informáticos externos, que, según explicaron en su día, lograron recuperar ficheros de apuntes y cuentas que antes de ser borrados fueron alterados íntegramente, en concreto, la base de datos el 20 de diciembre de 2007. Sobre esto, se inició una causa aparte que ahora el juez ha decidido archivar.