En un comunicado, el secretario general del PP de La Zubia, Juan Manuel Roldán, señaló que el arquitecto municipal se habría adjudicado, como contratista, la reforma de la biblioteca municipal por un importe de más de 3.000 euros y la construcción de un punto limpio en la localidad, por valor de más de 28.500 euros.

El concejal de Urbanismo, Francisco Javier Torices, según Roldán, habría justificado estas adjudicaciones en que la Junta de Gobierno local "reconoció la compatibilidad de los cargos y no ve delito alguno en la concesión de los proyectos, ambos desarrollados con fondos del Plan E". En este sentido, los populares pusieron en duda que unas obras "presuntamente adjudicadas ilegalmente" puedan ser financiadas con fondos públicos estatales.

"Judicial y legalmente, esta concesión es incorrecta y consideramos una situación anormal que un funcionario municipal desarrolle proyectos de obra sin que se saquen a concurso y con el agravante de que fue el propio arquitecto quien redactó los proyectos, supervisó la planificación de estas obras y conocía su ejecución antes que cualquier otro empresario local", denunció Juan Manuel Roldán, quien lamentó que el Ayuntamiento se "manche las manos de esta manera" por obras de poco valor.

Los populares afirman que el Gobierno socialista de La Zubia ha incumplido la Ley de Incompatibilidad del Personal al Servicio de la Administración Pública. a alcaldesa socialista, quien no se atreve a dar la cara y se escuda en su edil de Urbanismo, no sólo se salta la Ley, sino que además, la manipula para justificar una ilegalidad y beneficiar al arquitecto municipal, quien de este modo está percibiendo más de una remuneración con cargo a los presupuestos de la administración pública, mientras cientos de arquitectos se levantan cada día en el paro y sin la perspectiva de encontrar un trabajo a corto plazo", puntualizó Roldán.

El secretario local del PP confió en que tanto la Subdelegación del Gobierno como la Delegación del Gobierno recurran este acta de Junta de Gobierno porque es "manifiestamente ilegal". Por su parte, el Partido Popular va a poner un recurso de reposición a este acuerdo y ha exigido una rectificación inmediata de la alcaldesa "o su dimisión fulminante por irregularidad en su gestión y abuso de poder en su puesto al frente del Consistorio".