En la iniciativa del PP-A, también se planteaba que la Junta estableciera un plan extraordinario de medidas de apoyo económico y financiero para garantizar la prestación de los servicios públicos a los ejidenses, y conformara en el seno del Gobierno una comisión de coordinación para impulsar los asuntos pendientes de las administraciones en el municipio.

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa manifestó en defensa de la iniciativa que en los últimos años, la gestión realizada por el equipo de gobierno en El Ejido, en manos del PAL, se ha desarrollado "de espaldas a la Ley, a los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos". Indicó que muchas de las decisiones del equipo de gobierno han levantado serias dudas sobre su legalidad, lo que ha derivado en denuncias, ante las autoridades administrativas y judiciales oportunas, por ser gravemente dañosas para los intereses generales de los ejidenses.

Consecuencia de lo anterior, según recordó, ha sido la intervención judicial del Ayuntamiento el 20 de octubre pasado, en el marco de la denominada Operación Poniente, que se desarrolló en 5 provincias y por la que fueron detenidas más de 20 personas. A día de hoy, según Espinosa, el alcalde y el interventor continúan en prisión, junto a otras personas, mientras que el equipo de gobierno continúa desarrollando "una gestión que atenta contra los intereses de la ciudad y supone el incumplimiento de obligaciones constitucionales".

A su entender, el municipio de El Ejido "ni es responsable ni puede sufrir las consecuencias de la situación por la que atraviesa ante la inacción de otras administraciones, que han de velar por la legalidad y por los intereses generales de los ciudadanos". "Se hace, a la vez que imprescindible, urgente la toma de decisiones para normalizar la institución, y para ello resulta de todo punto necesario la disolución de la actual corporación municipal y el nombramiento de una gestora representativa que vele por los intereses de El Ejido, actualmente lesionados, a la vez que restituya el principio de legalidad", según Espinosa.

En su opinión, la situación "de crisis institucional por la que atraviesa este municipio se ve agravada por la difícil situación económica, consecuencia de la catastrófica gestión que se ha hecho de los recursos, circunstancia ésta que impide la prestación con normalidad de los servicios públicos exigibles por los ciudadanos".

Por su parte, el parlamentario del PSOE Manuel García Quero advirtió al PP-A de que hay que "respetar" el Estado de Derecho y no pretender situarse como jueces, apuntando que el Estado Derecho "es lo que no permite la disolución del Ayuntamiento de El Ejido y no la voluntad política". Insistió en que "los que somos representantes públicos tenemos que cumplir la ley" y quiso dejar claro que si se dieran las causas legales para esa disolución, los socialistas serían los primeros en demandarla.

Señaló que el alcalde de El Ejido que está en este momento en la cárcel, Juan Enciso, está "criado y engordado a las ubres" del Partido Popular, con el que se acabó "peleando por el poder en Almería". A su juicio, el modelo de Enciso "es el mismo del Partido Popular".

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó que en El Ejido se está viviendo una situación de "auténtica barbaridad" y de "gravedad democrática" que exige decisiones "ejemplarizantes", como la disolución del Ayuntamiento y la creación de una comisión gestora.

Lamentó que el PSOE esté pensando que va a tener un resultado electoral más óptimo en el municipio no contribuyendo a adoptar una medida ejemplarizante. "Hace lo mismo que hizo en Marbella, que acabó en manos del PP", apuntó Valderas, quien mostró su preocupación por que los socialistas permitieran gobernar en instituciones importantes de la provincia de Almería, como la Diputación, a un partido, el PAL, que "todo el mundo sabía de dónde venía" y que su único objetivo es "satisfacer las ansias especulativas, incluso mafiosas, de los dirigentes encarcelados".