La vocal territorial para Cantabria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uría ha valorado que el Gobierno regional está "involucrado en la mejora y modernización de la Justicia", y ha destacado el "importantísimo esfuerzo" que está haciendo con las competencias "recién asumidas" para lograr que las reformas procesales vinculadas a la Nueva Oficina Judicial (NOJ) se implanten "con éxito".

Así lo aseguró durante la inauguración en Santander del IX curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, acto en el que también intervino el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien destacó por su parte que la región es una "pequeña referencia" para la Justicia en el ámbito nacional.

Durante su intervención, Uría destacó que Cantabria es, por "muchas razones", la Comunidad Autónoma a la que "más atención" presta de las tres para las que es vocal territorial del CGPJ (las otras dos son Galicia y País Vasco).

Así, tras citar la existencia de un Ejecutivo "involucrado" en la mejora y modernización de esta Administración, se refirió a la "enorme amistad" que le une al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, a quien consideró una "figura valiosísima para este momento de actualización de la Administración de la Justicia". También mencionó el colectivo de profesionales, "altamente cualificado" y "muy estable".

Tras señalar que el curso goza de "muy merecido prestigio" al considerarse un "elemento casi auténtico de interpretación" de cómo ha de aplicarse la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Uría se refirió a los tres proyectos relacionados con la resolución alternativa de conflictos que se evaluarán en la Comisión de Estudios e Informe del CGPJ.

Así, junto al Anteproyecto de Mediación elaborado por el Gobierno de España y a la modificación de la Ley de Arbitraje, destacó el Anteproyecto de Mediación "enormemente ambicioso" elaborado por el Gobierno de Cantabria y que "intenta cubrir todos los ámbitos posibles". CANTABRIA,

Referente nacional

Por su parte, Revilla destacó que Cantabria es una "pequeña referencia" en el ámbito de la Justicia tras dos años de gestión de la competencia, en los que ha conseguido un "cambio que se está notando de manera positiva" en lo referente a la "modernización y el acercamiento de la solución de los problemas de los ciudadanos".

El presidente explicó en este sentido que, pese a que Cantabria fue una de las últimas comunidades autónomas en asumir la gestión sobre los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el "cambio se está notando".

"En algunos casos somos una pequeña referencia en el ámbito nacional", apostilló, para indicar que los será más aún cuando entren en funcionamiento la NOJ y la región cuente con infraestructuras "adecuadas donde la Administración de Justicia pueda funcionar de forma más ágil, más cómoda y más operativa".

Precisamente, las reformas procesales que entrarán en vigor el próximo martes, día 4, y permitirán la implantación de la NOJ es, junto a los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, uno de los dos temas que centran la novena edición del curso, un "referente nacional que suscita el interés de muchísimos profesionales del Derecho", según el presidente.

Para Revilla, tanto en la entrada en vigor de la reforma procesal como la futura Ley de Mediación, —cuyo anteproyecto está ultimando el Ejecutivo regional—, son instrumentos que persiguen la agilización de esta Administración, para que "los ciudadanos no vean en la Justicia un obstáculo".

Trascendencia de los temas analizados

En la inauguración también intervino el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, quien coincidió en destacar la "trascendencia" de las dos cuestiones que son objeto de análisis.

Sobre la implantación de la NOJ, aseguró que el Ejecutivo regional trabaja "conjuntamente" con el Poder Judicial a través de un grupo de trabajo constituido al efecto para establecer su modelo de implantación en Cantabria. Un grupo que, en su opinión, "está dando muy buenos resultados y está a punto de culminar sus trabajos".

Por otro lado, señaló que la resolución alternativa de conflictos es un ámbito de "especial importancia, notoriedad y actualidad", y desgranó el recientemente publicado 'Observatorio de Actividad de la Justicia 2009', en el que, "tras miles de encuestas", se refleja la apuesta "mayoritaria" de los ciudadanos por soluciones alternativas al acceso a la jurisdicción.

Igualmente, recordó que la pasada semana se dio a conocer el informe de expertos sobre la Reforma de la Planta y Demarcación Judicial, encomendado por el Ministerio de Justicia, en el que, entre otras propuestas, se recoge la de una "efectiva implantación de procedimientos de solución extrajudicial de conflictos incluidos la mediación y arbitraje".

Para Mediavilla, la Ley de Mediación, —cuyo borrador de Anteproyecto está culminando el Ejecutivo—, es "complementario" al texto presentado por el Ministerio de Justicia y prevé "incluso ampliar el ámbito material de la mediación a cuestiones importantes que supondrían una novedad respecto a otras leyes existentes".

Por último, felicitó por la "codirección magistral del curso" a sus dos directores, el presidente del TSJC y la directora general del Servicio Jurídico, Ana Sánchez-Lamelas, presentes ambos en la inauguración.

Tutela judicial efectiva

La primera de las ponencias corrió a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón, quien analizó la 'Tutela judicial efectiva y nueva regulación del recurso de amparo'.

En este sentido, destacó que uno de los objetivos de la reforma relacionada con el recurso de amparo es que la tutela judicial de los derechos fundamentales sea "más efectiva".

Recordó que antes de la reforma, realizada en el 2006, había una "avalancha imparable" de recursos de amparo, ya que cada año se presentaban más de 12.000, según dijo.

Con el cambio se pretende, además de procurar esa tutela "más eficaz", facilitar la labor judicial y agilizar la administración, resolviendo los recursos en un plazo "muchísimo más corto".

Aragón citó que antes de la reforma se inadmitían el 96% de los recursos de amparo que se presentaban, porcentaje que se ha elevado al 99%, según dijo.

A modo de conclusión, el magistrado subrayó que la tutela de los Derechos Fundamentales "está bien servida" con la jurisdicción actual.