La asociación afirmó que la estrategia del consistorio, "aunque para algunos legos en el derecho nos pudiera parecer absurda de poder prosperar, era clara, si se concedía la suspensión cautelar, mientras el tribunal se lo piensa, no habría dejado una casa en pie".

Recordó que en los últimos años, "a veces la justicia funciona de este modo. El precedente está con los incidentes de la semana negra, entre el 6 y el 8 de abril, cuando los juzgados de Valencia no admitieron a trámite la suspensión cautelar que nosotros pedíamos de los derribos". "Si se hubiera concedido dicha suspensión cautelar, los edificios estarían en pie, las licencia serían nulas y algunos nos habríamos ahorrado haber sido apaleados como malhechores", recalcó.

"Aquella negativa a la solicitud de suspensión cautelar no pudo evitar el daño irreversible que se ha causado, pero por suerte, ésta que había solicitado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, si que impedirá que se vuelva a cometer el mismo atropello, pero en este caso con una intensidad ilimitada".

Indicó que "de aquí al pronunciamiento definitivo de la Audiencia Nacional, podían haber desaparecido la mayor parte de los edificios protegidos y no protegidos de la zona afectada por la prolongación y puestos sus propietarios 'de patitas en la calle' por cuatro euros".