El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, reconoció hoy, durante unas jornadas sobre el valor del profesorado andaluz organizadas por el grupo parlamentario del PSOE, que "algunas de las decisiones que durante muchos años se han ido tomando en Educación tampoco han ayudado al acrecentamiento de la tarea docente" y que, por tanto, "queda una gran tarea por delante".

Con este "realismo", tal y como el consejero admitió en su discurso de clausura de las mencionadas jornadas, se mostró Álvarez de la Chica al respecto de los logros y fallos del sistema educativo actual en España y en Andalucía, cuyo techo, afirmó, "es el techo que marcan sus profesores".

En este sentido, indicó que "cuanto mejor sean los profesores, cuanto más implicados y cuanto más motivados estén, mejor será el valor social" del colectivo docente. Por ello, admitió que el "gran problema" de la falta de reconocimiento social del profesorado está en que "el sistema educativo es demasiado invisible", ya que no es capaz de sacar a la luz "los muchos pequeños éxitos que día a día" consiguen los profesores andaluces, a los que calificó como "héroes anónimos".

Para corregir esta invisibilidad, Álvarez de la Chica se comprometió a emplearse "a fondo" en la actividad para que la educación sea valorada en términos similares, según ejemplificó, a los de la sanidad, donde "cualquier avance tiene un gran recorrido".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Juan Carlos Hidalgo, invitado por el PSOE a participar en estas jornadas junto a otros representantes de sindicatos y asociaciones de padres, aseguró que la solución a la pérdida de valoración social del profesorado está en la "alianza estratégica entre alumnos, familias y docentes", sin la que aseguró que no puede haber "éxito" educativo. En su opinión, el "valor real y moral" de la educación se basa en dos cuestiones fundamentales, la de que se trata "de la tarea más digna y noble que existe, la de enseñar, y la de que promueve el bienestar" en cuanto que es la encargada de formar a la sociedad.

Es por esta razón por la que Hidalgo pidió a la Administración educativa que adopte medidas que favorezcan al profesorado y mejoren su valoración social, entre ellas, mencionó, las de dotarlo de autoridad en el ejercicio de su labor, las de disminuirle las carga administrativa que "se soporta a diario" en los colegios, o la de instaurar la promoción interna.

También el representante de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, hizo hincapié en la necesidad de "dignificar" la labor docente y de reconocer su autoridad frente al alumnado porque, "aunque se han erradicado en gran medidas las agresiones, ahora con las nuevas tecnologías se están llevando a cabo otro tipo de acosos que deben ser erradicados", tanto por la Administración como por los padres, "que son los que deben educar a sus hijos en el uso responsable de las TIC".

Precisamente sobre el papel de los padres habló también la presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Copada), Pilar Triguero, quien recalcó que "el prestigio no se vende embotellado en ningún lado y es algo que se han ido ganando los profesores día a día".

Frente a aquéllos que opinan que el profesorado está mal valorado dentro y fuera de la Administración, Triguero defendió que "son cientos de miles de docentes los que siente que su trabajo está muy reconocido" y que el mayor apoyo que éstos pueden tener es el "del trabajo diario que realizan, el de los alumnos que nunca han cometido ninguna infracción y de los padres que participan activamente en las AMPAS y que saben que han dejado a sus hijos en las mejores manos, en las de la escuela pública".

Sin embargo, la presidenta de Codapa reconoció que uno de los problemas actuales de la profesión docente es que la formación que en la actualidad están recibiendo los futuros profesores. "Se necesita un cambio radical en la formación inicial del profesorado, porque tenemos a grandes expertos en sus materias dando clases, pero sin vocación docente, y tenemos que conseguir a los mejores como hacen los países europeos más avanzados", apuntó.

Al respecto, el consejero de Educación ejerció la autocrítica afirmando que, en muchas ocasiones, "hablamos de Europa como si España no estuviera en Europa", igual que, criticó, "los profesionales de la educación hablan de la Administración educativa como si ellos no fueran administración también". En este sentido, Álvarez de la Chica reconoció que la culpa de esto reside en que "no se ha acortado la brecha entre la cúpula de la Administración y los últimos terminales de la misma, que son los profesores".

Proposición no de ley del psoe

En las jornadas también hubo espacio para presentar a los representantes de la comunidad educativa allí presentes la proposición no de Ley que mañana el PSOE defenderá en el Parlamento de Andalucía y en la que pide al Gobierno andaluz medidas para mejorar el prestigio y la autoridad del profesorado.

Así, la portavoz socialista en la Comisión de Educación de la Cámara, Araceli Carrillo, resumió esta iniciativa concluyendo que se trata de una ley que busca "agrandar la motivación del profesorado y empequeñecer su escepticismo" y que recoge muchas de las medidas que ya se incorporaron al documento aprobado por PSOE e IU, con la abstención del PP, sobre la convergencia educativa.

Entre dichas medidas, según recoge la iniciativa del grupo socialista a la que tuvo acceso Europa Press, se encuentran, además del reconocimiento al profesorado de la autoridad magistral y académica, el apoyo y respaldo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas y la inspección educativa, y el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad.

Otras medidas consisten en respeto del alumnado y a que éste asuma su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo; otorgar al profesorado de los centros docentes públicos la presunción de legitimidad ante la administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, y reprobación ante el Consejo Escolar del centro de las personas que causen daños, injurias u ofensa al personal docente.