Peralta dice que la decisión del Ayuntamiento es administrativa aunque no cree que sea coherente con la norma

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó hoy, --en relación con la decisión del Ayuntamiento de Valencia de conceder 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal, que afectan a un total de 31 viviendas, la mayoría ubicadas en la calle San Pedro y Luis Despuig--, que se trata "pura y simplemente de una actividad administrativa, que seguramente no es absolutamente coherente con el espítiru de la norma", aunque subrayó que esos derribos "no se van a llevar a la práctica".

Peralta, quien hoy inauguró la jornada sobre la Prevención de Riesgos Laborales como factor de competividad, organizada por la CEV, señaló, preguntado por la decisión del consistorio que se dio ayer a conocer en la Comisión de Urbanismo, que "en principio", este anuncio "no cuadra con la orden vigente de paralización de derribos".

No obstante, destacó que el propio Ayuntamiento "matizó" ayer al afirmar que los derribos "no se van a llevar a cabo en tanto que el ordenamiento vigente lo impida". "El ordenamiento vigente lo impide", dijo, por lo que señaló que "no van a tener lugar" y consideró que se trata "pura y simplemente de una actividad administrativa" que "seguramente no es absolutamente coherente con el espítiru de la norma".

Por otro lado, interrogado sobre la reunión anunciada por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, con la Generalitat para tratar de acercar posturas para retirar los recursos de insconstitucionalidad interpuestos por el Ejecutivo central en temas como la ley que permite la caza con 'parany' o El Cabanyal, Peralta reiteró que existe la "voluntad" del Gobierno de llevar a cabo ese encuentro y se mostró partidario de no "discutir" acerca de la fecha de celebración.

"Lo que me gustaría es que no se discutiera sobre la fecha, y que no se convierta en que esto parezca una exigencia de los unos frente los otros", consideró, y pidió ir a ese encuentro "con espíritu constructivo" y que se reconozca "la realidad legal y constitucional para sentar las bases adecuadas de un posible acuerdo".

En este sentido, aseguró que el Gobierno trabajará para que haya acuerdo e hizo hincapié en que el Ejecutivo central así lo ha "manifestado y acreditado con hechos". En esta línea, señaló que la Generalitat "ha tenido que modificar una ley de Régimen Económico Matrimonial porque no se ajustaba al ordenamiento constitucional" y agregó que ahora "ha llevado a cabo otras actuaciones que entendemos que no se ajustan al ordenamiento constitucional".

"El Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dado de entrada la razón al Gobierno de España", dijo, por lo que consideró que se deben sacar "conclusiones de esos temas" y pidió que se haga "con responsabilidad y respeto a la legalidad".

"Si se hace así, es más importante que la fecha que puede ser el 10 de mayo o el 25 de mayo. Da igual", manifestó, porque apuntó que será "la solución del problema, que es a lo que aspira la sociedad valenciana y en lo que el Gobierno de España está dispuesto a colaborar con todo su esfuerzo".

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