A pesar de que el PP acusaron a la alcaldesa y al interventor de poder haber incurrido en sendos delitos de prevaricación y maversación de caudales públicos, el juez, en su auto del pasado 23 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, sostiene que el hecho denunciado "no reviste caracteres de infracción criminal". El auto puede ser recurrido o apelado.

La decisión del juez coincide así con el escrito de Fiscalía, que ya señalaba que los hechos no revestían caracteres de infracción penal. De hecho, la fiscal pidió que se le impusiese una multa de 6.000 euros al PP , al entender que los querellantes actuaron "conculcando las reglas de la buena fe procesal".