Según la calificación provisional del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, en fecha no concretada, pero en todo caso a partir de la primavera del año 2005, los encartados, de común acuerdo y en compañía de un menor de edad, cogieron un perro y, entre todos, decidieron echarle gasolina para prenderle fuego.

En ese momento, el animal salió ardiendo y comenzó a chillar hasta que salió corriendo, desconociéndose si finalmente murió. Tales hechos son considerados por el fiscal como un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.