En rueda de prensa en Almería, Soto apuntó que "mientras tenemos una crisis que no se resuelve en Andalucía, con un millón de parados y 400.000 familias que no perciben ni un euro a final de mes, ellos siguen con su entramado empresarial, de fundaciones y siguen recolocando personas".

Así, consideró que con el conglomerado de fundaciones, empresas públicas y observatorios que tiene en sus manos "el PSOE sirve más a los intereses del partido que al interés público" puesto que hacen, afirmó Soto, "un uso con fin partidista".

Al hilo de ello, Soto aprovechó para recordar que la Junta cuenta con un total de 30 observatorios, así como "que se ha conocido que la Consejería de Empleo desvió a una fundación propia 271 millones de euros en cinco años" o bien el nombramiento de Andrés Luque como director general de Industrias Culturales, "una persona implicada en caso de malversación de fondos".

Con ello, Soto quiso demostrar que "mientras se deriva dinero público a una fundación, el presupuesto de 2010 de la Junta decreta para el fomento del empleo en los ayuntamientos un 43 por ciento menos"; además, añadió, "sabemos que se destina a empresas públicas de la comunidad cuatro veces más del presupuesto que a la actividad empresarial y al fomento económico".

Reducción de plazas de guardia civil

En otro orden de cosas, la popular consideró que será "muy negativo para Andalucía" la decisión del gobierno de España de reducir en oferta de empleo público y, por tanto, la reducción de plaza de guardias civiles, ya que "nos afectará tanto por el aumento por la inseguridad ciudadana, como por las pérdidas económicas que tendrá la localidad de Baeza (Jaén)", donde hay una academia de formación de la Benemérita.

Asimismo, hizo un recordatorio de los alumnos con los que contó dicho centro, siendo 4.000 en 2006; 5.500 en 2007; 5.000 en 2008; 2.286 en 2009; "y ahora para 2010 serán 152 plazas, más de un 85 por ciento menos", un recorte que, según apuntó Soto, "implica que sea imposible cubrir las jubilaciones de la Guardia Civil, —unas 2.000 por año—, un recorte en seguridad y consecuencias económicas a empresarios y comercios de Baeza que se resentirán con la disminución del consumo".

"Una vez más no se apuesta por la comunidad autónoma, ni por la creación de empleo, ni por la seguridad de los andaluces", apostilló en última instancia la portavoz de los populares andaluces.