Así, los organizadores auguraron para los actos de mañana, que en Murcia se celebrarán frente al Palacio de Justicia y en la ciudad portuaria delante de los juzgados, un "éxito tremendo". Estos actos se celebrarán también en 25 ciudades españolas, así como varios países del extranjero.

A los mismos asistirán, según comentaron, representantes de IU y del PSOE, y son apoyados por UGT, CCOO, Sterm-Intersindical y el Foro Social.

De igual modo, los organizadores advirtieron que tanto Falange como algunos grupos de extrema derecha "están convocando contra-manifestaciones para torpedear y boicotear estos actos".

Así, el objetivo de esta concentración pacífica, y que cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno, es "reivindicar el derecho a la transparencia y un país democrático donde se pueda realizar cualquier tipo de declaración a favor de la justicia universal y los derechos humanos".

En esta línea, Alejandra Flores, perteneciente al grupo de ciudadanos que se ha puesto en marcha en España en defensa del juez y que dijo haber recibido amenazas por teléfono, declaró que "lo del juez del Supremo, Luciano Varela, no tiene nombre".

Y es que, en su opinión, "investigar los crímenes del franquismo no es delito". "Es más, resaltó, lo necesitamos"; razón por la que sostuvo que "la puerta que ha abierto Garzón no se puede cerrar y tenemos que apoyarla".

Flores, que comentó que toda su familia paterna "está tirada en una cuneta" y que su único propósito es saber dónde se encuentra para enterrarla "como los demás tienen a sus muertos en el cementerio", puso de manifiesto que "si inhabilitan al juez Garzón, esto saldrá fuera de España y será una vergüenza".

Por su parte, desde el Foro Ciudadano, Antonio Campillo, recordó que la Constitución Española "obliga a los jueces españoles a investigar los crímenes de la humanidad", con la paradoja, dijo, de que cuando Garzón quiere investigar, a instancias de víctimas y familiares, "crímenes del franquismo, pues resulta que la propia judicatura le para los pies y le dice que no es competente, acusándolo de prevaricación".

Se trata, por tanto, "del mayor golpe a la democracia española desde el 23-F, pero esta vez no por militares sino por jueces, y es algo muy grave".

Por su parte, los sindicatos UGT y Sterm consideraron que "investigar es de justicia". "Se ha abierto una campaña de descrédito a Garzón por otras cuestiones que nada tiene que ver con los crímenes que está investigando contra la humanidad en el periodo franquista", sostuvo Alicia Poza, del Sterm, para añadir después la importancia de recuperar esa Memoria Histórica "para que las nuevas generaciones conozcan un momento de nuestra historia que está siendo ocultado y silenciado por los distintos aparatos del Estado, en este caso por la judicatura española".