El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo consideró hoy "realmente insólito" que el instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, Luciano Varela, haya pedido a Falange y Manos Limpias que corrijan sus escritos de acusación.

A su entender, según explicó hoy a los periodistas antes de impartir una conferencia sobre la corrupción en España en el colegio mayor Cardenal Cisneros de Granada, el juez "ocupa una posición de neutralidad absoluta" y el hecho de que dicte a las acusaciones como deben plantear sus escritos de calificación "es algo sin precedentes en la historia de este país y una suma más de las irregularidades que están ocurriendo en este proceso".

Preguntado por el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional siga sumando apoyos tanto en España como en otros países, Jiménez Villarejo apuntó que "seguirán llegando más, porque lo que está ocurriendo es un atropello". En su opinión, la transición democrática en España fue una "correlación de fuerzas de los llamados franquistas aperturistas y las fuerzas democráticas, que entonces no tenían el poder que tienen ahora".

"Quedaron cuestiones pendientes y, dado el paso de la dictadura a la democracia no se podía avanzar más. Ahora se está revisando en algunos aspectos y yo creo que bien, con rigor, aunque no a gusto de todos, que es consecuencia además de la correlación de fuerzas entre la derecha y la izquierda en este país", dijo.

Sobre la corrupción en España opinó que los casos más graves actuales son el de 'Gürtel', por la implicación "gravísima" de altos cargos y dirigentes del PP, y lo que está sucediendo en las Islas Baleares, que, en relación con las características de la comunidad "tiene un peso específico muy grave". "Allí eso está corroyendo la vida democrática y las instituciones", agregó.

Para el ex fiscal, la corrupción significa "la degeneración de la democracia en definitiva" y se puede derivar de tres causas fundamentales: la financiación de los partidos políticos; la gestión "absolutamente abusiva" del urbanismo por los ayuntamientos y empresarios vinculados con el urbanismo; y la "regulación insuficiente" sobre lo que se denomina conflicto de intereses, "el famoso tema de las incompatibilidades de los altos cargos de la administración, de los concejales y de las personas que ocupan cargos públicos cuando sus decisiones tienen un contenido económico importante". "En esto último hay un atraso muy importante", sostuvo.