Esta ley persigue fundamentalmente crear un marco jurídico adecuado para la gestión y protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agroalimentarios susceptibles de protección dentro de la Unión Europea.

Para ello define un nuevo modelo de entidad de gestión que permita integrar las finalidades públicas y privadas y regula las potestades administrativas precisas para garantizar en último término el cumplimiento de las normas que fundamentan la protección dispensada a los productos de calidad.

Se pretende igualmente con la presente norma, coadyuvar al mantenimiento de la diversidad de los productos agrícolas, alimenticios y derivados de la vid, proporcionar a los productores condiciones de competencia leal con las que adquieran mayor credibilidad ante los consumidores, así como garantizar la protección de los intereses tanto de estos como de aquellos.

La Ley se estructura en un título preliminar, diez títulos, ocho disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Diego Sánchez Duque resaltó que la región cuenta con 10 denominaciones de origen y dos indicaciones geográficas y añadió que la elaboración de estos productos supone una "fuente importante" de ingresos en las zonas en las que se encuentran.

Por este motivo abogó por diversificar y promocionar la producción de estos alimentos y productos porque además mejora la rentabilidad de los ganaderos y contribuye al asentamiento de la población en el territorio. Además, apuntó que, por parte de los consumidores, cada vez hay más demanda de productos de calidad.

También indicó que esta ley extremeña persigue la necesidad de adaptar la regulación de las DO e Indicaciones Geográficas de Calidad la normativa básica estatal y a la europea. Según dijo se establecía como fecha límite el 1 de mayo para esta adaptación ya que de lo contrario los productos extremeños no podrían ser certificados sus productos y no podrían operar en los mercados.

El 'popular' felicitó a los dos grupos por el ejercicio de responsabilidad realizado hoy y por su "capacidad de diálogo" y "negociación" y criticó el hecho de que esta ley tenía que estar aprobada antes del 1 de mayo

De esta forma lamentó la "desidia, inoperancia e ineficacia" del Gobierno regional que ha hecho que la ley no venga por el procedimiento común y por el que hubiese dado más tiempo a analizarla e incluir modificaciones.

"Ha sido la responsabilidad de los grupos parlamentarios el que dé la luz a esta ley, porque en su cajón no hacía nada"—dijo a la consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Marisol Mateos mostró su satisfacción porque la aprobación de esta ley es "importante" para el sector en la región ya que busca el "valor añadido" al producto y para los consumidores porque establece una "garantía" para los productos que se consumen.

También compartió y felicitó, al igual que Sánchez Duque, del "ejercicio de responsabilidad" realizado por los grupos y agradeció la presencia en la Cámara de algunas Denominaciones de Origen.

Mateos destacó que la ley sitúa a la calidad de los productos en el "centro del futuro" del mundo agrario, un hecho que debe ser la "bandera" para fortalecer la presencia de los productos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad en los mercados.

De la misma manera, apuntó que la ley busca asegurar la renta de sus productores, la diferenciación basada en la calidad y conseguir la satisfacción de los consumidores.

Al respecto, el Grupo Socialista consideró el texto de esta ley como un "buen texto" y añadió que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas extremeñas son "ágiles", aunque se caracterizan por su juventud.

Además, indicó que si se evalúan las producciones agroalimentarias de las DO, en el último lustro las exportaciones pasaron de más de 42 a más 69 millones de euros, lo que supuso un aumento de más del 63%.

La socialista se mostró segura de que este nuevo marco legislativo servirá para apoyar el fomento de la calidad diferenciada, incrementar su valor añadido, mejorar la competitividad del mercado global y contribuirá a fijar la población en el entorno rural.