Según informaron fuentes de los ecologistas en un comunicado recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas de 24 de enero de 2007 por el que se otorgó licencia ambiental y licencia de obras para la pista artificial de esquí.

El TSJCyL, según el texto ratifica "punto por punto" la argumentación de la sentencia del 9 de enero de 2009, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, "señalado además que dichas licencias decaen al estar anulada en firme la autorización de uso excepcional en suelo rústico".

Para esta agrupación, la resolución "constata que en la tramitación de las licencias municipales se omitió la información pública, que pretendió ser sustituida por la del estudio de impacto ambiental, siendo además insuficiente la documentación del proyecto para poder realizar ambos trámites, según pusieron de manifiesto el arquitecto municipal y el propio alcalde de Tordesillas".

Según EA, la concesión de la licencia ambiental incumplió la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, al no haberse segregado los terrenos afectados del monte donde se incluían. Finalmente la Sala reitera que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la disposición de la Ley de Montes que prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años es plenamente aplicable de suerte que "lo relevante no es cuándo se produjera el incendio sino el momento en que se postula el cambio de uso".

El TSJ rechazó además, añadieron, la personación de la sociedad perteneciente a la Institución provincial Sodeva en el recurso de apelación e impone las costas procesales al Ayuntamiento de Tordesillas y a Sodeva, en la que constituye hasta el momento "la octava sentencia y la undécima resolución judicial sobre la polémica instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid".

Ante esta nueva resolución, EA instó al Ayuntamiento de Tordesillas, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León, a "respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales".

"atropello" en las cortes.

Por último, los ecologistas lamentaron que el Grupo Parlamentario Popular haya decidido "aceptar la invitación a delinquir" realizada por la Diputación de Valladolid y anunció la presentación en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de una Proposición de Ley para declarar el proyecto de Interés Regional.

Esta acción, criticaron, tiene "el único propósito de apartar a jueces y ciudadanos del control de las actuaciones públicas, pasando por encima de las leyes estatales de Montes y de Suelo". Así, aseveraron que EA pondrá en marcha "cuantas acciones judiciales" estén en sus manos para impedir "la consumación de este atropello.